Ecuador solicitará incluir crisis venezolana en agenda del Consejo de Seguridad de la ONU

El Gobierno de Ecuador dijo este martes 3 que dispuso su misión permanente ante Naciones Unidas para que la crisis de Venezuela sea incluida en la agenda de la próxima reunión del Consejo de Seguridad.

El gobierno de Daniel Noboa dijo que esta decisión se debe al “aumento de la tensión en Venezuela, que podría convertirse en una amenaza directa a la estabilidad regional y la seguridad internacional”.

Según el comunicado del gobierno ecuatoriano, difundido por su Ministerio de Relaciones Exteriores, la solicitud se realizará el jueves 5 de septiembre, cuando se realizará una nueva reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, uno de los máximos órganos de decisión de la organización. se espera. .

Ecuador se sumó a un grupo de ocho países que condenaron este martes la orden de aprehensión emitida por un tribunal antiterrorista contra el opositor Edmundo González Urrutia, que calificaron como un “intento de silenciar” al candidato presidencial, “desconociendo la voluntad popular venezolana, y constituye persecución política.

La Fiscalía venezolana lo acusa de varios delitos, entre ellos conspiración y falsificación de documento público, vinculándolo con el mantenimiento del sitio web resultsconvzla.com, donde se publicó el 86% de las actas de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Según el fiscal, asunto aprobado por la Corte Suprema de Justicia, dijo que las actas que dan la victoria con el 67,3% de los votos a Edmundo González están “falsificadas”. El Consejo Nacional Electoral ha declarado ganador de las elecciones a Nicolás Maduro, decisión que ha provocado cientos de protestas desde el pasado 29 de julio.

Estas manifestaciones fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad. Según las autoridades, al menos 25 personas han muerto y más de 2.200 han sido detenidas, entre ellas cientos de adolescentes, por su presunta conexión con hechos “terroristas”. Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han señalado que, en realidad, se trata de “prácticas de terrorismo de Estado”.