Parlamento pide cárcel para opositores involucrados “en robo y despojo” de Citgo
El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Pedro Infante, presentó este martes el informe final de la comisión especial que investiga a la dirigencia opositora a la que señalan de participar en el “despojo y robo” de la filial de Pdvsa en Estados Unidos, Citgo, por medio del Parlamento de 2015.
Durante la sesión ordinaria de este 22 de octubre, Infante pidió “cárcel” para todos los dirigentes opositores involucrados “en el robo de Citgo”.
“Esa empresa y el petróleo venezolano es apetecido por el imperialismo norteamericano que siempre ha pretendido robárselo, que se lo robó en los gobiernos de la cuarta República y que con (Hugo) Chávez no pudieron hacerlo más”, expuso.
Indicó que la “planificación del robo” de Citgo inició en el año 2018 durante el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump y acusó a José Ignacio Hernández, quien fuera el procurador especial del Gobierno Interino de Juan Guaidó, de ser el “autor intelectual” de dicha trama.
“En 2018, sobre todo en el mes de mayo, Estados Unidos presionaba para intentar hacer capitular a Nicolás Maduro, que era candidato, y que además resultó electo (como presidente) en ese mismo mes”, agregó.
Según Infante, en 2018 se inició el “proceso jurídico y el diseño de la estrategia” por parte de los dirigentes involucrados, mientras que en el 2019 se “organizaron los pasos siguientes para el robo” de la empresa.
Entre los “autores materiales”, mencionados por el diputado oficialista, se encuentran partidos y movimientos políticos como Acción Democrática (AD), Voluntad Popular, Vente Venezuela, Primero Justicia (PJ), Un Nuevo Tiempo (UNT), por mencionar algunos.
Además, Infante vinculó a dicho caso a los dirigentes Henry Ramos Allup, María Corina Machado, Leopoldo López, Julio Borges, Manuel Rosales, Juan Pablo Guanipa, Dinorah Figuera, Carlos Vecchio e Iván Simonovis.
“En el debate de la presentación del informe también incluimos a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que también participó en toda la trama para robarse Citgo”, dijo.
También indicó que los dirigentes por medio de la Fundación Simón Bolívar de Citgo, que apoya iniciativas benéficas, destinaron recursos a partidos políticos y a organizaciones no gubernamentales.
El parlamentario detalló que el informe incluye la información de 351 personas, presuntamente vinculadas al caso, entre ellas 94 diputados de la Asamblea Nacional (2016-2021), 108 “pseudo funcionarios que participaron en las instituciones paralelas y juntas ad hoc nombras” y 149 personas pertenecientes a ONG, quienes se encuentran tanto en el extranjero como dentro del país.
Entre los dirigentes opositores que se incluyen en dicho informe se encuentran Armando Daniel Gerardo Armas Cuartin, José Simón Calzadilla Peraza, Freddy Francisco Superlano, Américo Giuseppe De Grazia, Carlos Eduardo Berrizbeita Giliberti, Jorge Alberto Villar Torrealba, Henry Ramos Allup, Eustoquio Contreras, Luis Germán Florido Barreto, Alfonso José Marquina Díaz, Williams Dávila Barrios, Delsa Solórzano, Miguel Pizarro, Biagio Pilieri, Omar Barboza, Elías Mata, etc.
“Tienen que asumir la responsabilidad ante el país por el robo de Citgo”, dijo.
Resaltó que algunos delitos cometidos son forjamiento por falsedad por acto público, delincuencia organizada, asociación para delinquir, usurpación de funciones públicas, apropiación indebida de los bienes de la República y traición a la patria.
“Estos partidos políticos deben ser considerados bandas criminales (…) Ustedes no son partidos políticos, ustedes son grupos estructurados de delincuencia organizada, ustedes solo están haciendo esto para robar los recursos de la patria”, aseveró.
La comisión recomendó remitir el informe al Ministerio Público para que inicie una investigación para determinar las responsabilidades penales a nivel individual de los dirigentes, partidos políticos y ONG, al igual que al Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren).
También aconsejó que la Procuraduría General de la República efectúe solicitud de medida cautelar innominada por daños y perjuicios ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a los fines de pedir la prohibición de enajenar y gravar de los bienes que existen en Venezuela, así como el congelamiento de cuentas bancarias.
De igual manera, la comisión insta a la Fiscalía a solicitar ante los tribunales penales las órdenes de aprehensión y se emitan las alertas rojas de Interpol correspondiente.
Finalmente, solicitará a la Contraloría General la inhabilitación política para el ejercicio de cargos públicos de aquellos funcionarios que integraron el Gobierno Interino de Juan Guaidó.
Información de El Cooperante
