ONG venezolanas piden liberación de activista Rocío San Miguel tras un año de su detención
ONG venezolanas pidieron este domingo la liberación de la activista y presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano, Rocío San Miguel, detenida hace un año, para quien además exigen una medida humanitaria que permita a médicos de confianza atender una fractura que sufrió en el hombro derecho.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) afirmó que, durante estos doce meses, San Miguel ha estado sometida a un proceso que tacha de “viciado”, “plagado de irregularidades” y “violaciones” a las formalidades legales.
San Miguel resultó acusada por la Fiscalía de tener un supuesto vínculo con una conspiración que incluía un presunto plan de magnicidio contra Nicolás Maduro y otros altos funcionarios, y detenida el 9 de febrero de 2024 en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, cuando se disponía a viajar en compañía de su hija.
“Se ha convertido en víctima de un sistema que criminaliza la defensa de los derechos humanos, buscando acallar su voz y la de quienes luchan por una Venezuela más justa y democrática”, manifestó el OVP en X.
Asimismo, recordó que en diciembre de 2024, la activista quedó diagnosticada con “una fractura en el hombro derecho que requiere una cirugía especializada, la cual debe realizarse bajo la supervisión de sus médicos de confianza y el cuidado de su familia”.
Sometida a tratos crueles y vulneraciones
Para Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), la activista ha estado “sometida a vulneraciones y tratos crueles que hoy comprometen su salud gravemente”.
“Alzamos la voz por ella y por todas las mujeres víctimas de prisión política y de un patrón sistemático de criminalización contra quienes luchan por la justicia y la libertad”, expresó JEP en su cuenta de X, y reclamó una “medida humanitaria urgente” y el respeto “a recibir la atención médica necesaria y la garantía de un proceso judicial justo”.
Por su parte, Provea indicó que San Miguel no puede someterse a una intervención por “quienes demoraron cuatro meses en diagnosticarla”, al tiempo que señaló que en reclusión “no hay condiciones para el postoperatorio ni una rehabilitación digna”, por lo que solicitó a la Administración de Maduro que la activista pueda operarse en libertad.
A su turno, Acceso a la Justicia advirtió de que, el pasado diciembre, la audiencia de juicio de la activista -que enfrenta cargos por los presuntos delitos de “traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación entre otros”, recordó la ONG- quedó pospuesta para febrero de este año.
En diciembre pasado, el abogado de la presidenta de Control Ciudadano, Juan González Taguaruco, dijo a EFE que ella sufrió una fractura al caerse como consecuencia de un mareo producido por una laberintitis, que “no fue debidamente atendida” y, desde entonces -aseguró-, “se quejaba del dolor y era tratada con analgésicos”.
Según el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, San Miguel “entregó información” sobre sistemas de defensa militar a un embajador de la Unión Europea y a embajadas de otros tres países, datos que no precisó.
Información de El Carabobeño
