Helmerich & Payne gana batalla legal contra Pdvsa por la nacionalización de plataformas
Un tribunal de apelaciones en Estados Unidos resolvió a favor de la empresa Helmerich & Payne (H&P), con sede en Oklahoma, en un largo litigio que comenzó hace más de una década, tras la expropiación de 11 plataformas petroleras en Venezuela por parte del gobierno de Hugo Chávez en 2009.
El fallo de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia ratificó la decisión tomada previamente por un tribunal de distrito, que había rechazado las alegaciones de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa). El tribunal consideró que las acciones de la empresa venezolana, al nacionalizar las plataformas de perforación de H&P, constituían una violación del derecho internacional, dado que se trató de una confiscación sin compensación y sin un fundamento legal adecuado.
La disputa se originó por una deuda impaga de aproximadamente 90 millones de dólares que Pdvsa mantenía con la filial venezolana de Helmerich & Payne, que prestaba servicios de perforación. A raíz del incumplimiento de pago y de la acumulación de la deuda, H&P decidió cesar sus actividades en Venezuela y retirar sus equipos. Sin embargo, en un giro inesperado, funcionarios de Pdvsa y la Guardia Nacional Bolivariana intervinieron para impedir que la compañía estadounidense retirara las plataformas, las cuales fueron ocupadas por las autoridades en un operativo que incluyó el uso de la fuerza.
El exministro de Petróleo, Rafael Ramírez, justificó la acción como parte de una estrategia del gobierno para frenar lo que él calificó como un plan destinado a debilitar el gobierno de Chávez, argumentando que algunas compañías que operaban en el país y que cesaron operaciones formaban parte de este esquema.
En su dictamen, el tribunal estadounidense señaló que la apropiación de las plataformas de perforación de H&P por parte de Pdvsa fue una expropiación indirecta, al pasar las instalaciones de la compañía estadounidense al control directo de la estatal venezolana. Según el juez Greg Katsas, esta acción violó el derecho internacional, ya que Pdvsa continuó operando las plataformas y realizando actividades comerciales en territorio estadounidense.
La defensa de Helmerich & Payne se basó en la aplicación de la Segunda Enmienda Hickenlooper, una ley aprobada por el Congreso de Estados Unidos en 1964. Esta legislación permite a las empresas estadounidenses demandar a gobiernos extranjeros ante los tribunales de EE. UU. en casos de expropiación que infringen el derecho internacional, aún cuando el acto de expropiación se haya realizado en el extranjero.
Este fallo refuerza el precedente legal que da a las empresas estadounidenses la posibilidad de buscar justicia en tribunales de EE. UU. cuando consideran que sus propiedades han sido ilegítimamente expropiadas en el extranjero, como sucedió en este caso con Helmerich & Payne en Venezuela.
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