Parlamento venezolano repudia expolio de Citgo y pide retirar nacionalidad a responsables
La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela aprobó el martes un acuerdo en repudio al “expolio” de la petrolera Citgo en EE. UU. y exhortó al Ejecutivo a retirarle la nacionalidad a los responsables de lo que Caracas denunció como una venta “forzosa”.
Las honorables diputadas y diputados que están a favor de aprobar el proyecto de acuerdo en repudio, el expolio de la empresa venezolana Citgo por el Gobierno estadounidense y sectores de la derecha fascista nacional (…), sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre, ¡queda aprobado por unanimidad el acuerdo!”, exclamó el presidente del órgano legislativo, Jorge Rodríguez, a través del canal estatal Venezolana de Televisión.
Durante la sesión ordinaria, los legisladores también incluyeron en el proyecto un exhorto al presidente Nicolás Maduro para retirar la nacionalidad a los dirigentes políticos Juan Guaidó, Dinorah Figuera, Carlos Vecchio, José Ignacio Hernández y Horacio Medina, a quienes señalan como los “principales cabecillas del robo” de la filial de Petróleos de Venezuela en EE. UU.
El lunes, un tribunal de EE. UU. autorizó la venta de acciones de la empresa Citgo a la empresa Amber Energy INC, filial de la firma estadounidense Elliott Investment Management.
Al respecto, Rodríguez señaló que esta acción constituye un “vulgar despojo” de un activo venezolano en suelo estadounidense.
Citgo es una empresa de refinación y distribución de hidrocarburos, propiedad de la estatal Petróleos de Venezuela, cuya sede principal queda en la ciudad estadounidense de Houston, Texas.
De acuerdo con el Gobierno, la empresa posee y opera tres refinerías de crudo, “altamente complejas” y tiene la capacidad de procesar casi 800.000 barriles al día.
Según datos del Observatorio Venezolano Antibloqueo, Citgo posee una red de distribución de combustible de aproximadamente 4.200 estaciones de servicio y 41 terminales de distribución.
En el hemiciclo se presentó también un proyecto de acuerdo en rechazo a lo que consideran expresiones de colonialismo jurídico contra Venezuela por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) y su inacción cómplice ante el “genocidio” de Israel contra Palestina.
De igual manera, se aprobó en primera discusión un proyecto de ley derogatoria del Estatuto de Roma para que el país se retire de la CPI, luego de que el tribunal anunciara el lunes el cierre de su oficina en Caracas al argumentar la “falta de progreso real” con las autoridades venezolanas.
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