Provea: Crisis de alimentación encerrará a venezolanos en círculo de pobreza

Las medidas adoptadas y las omisiones del Gobierno chavista han resultado en una vulneración del derecho a una alimentación adecuada de sus habitantes, según describe el informe publicado por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y el Programa Venezolano de Educación-Acción (Provea) este mes.

En el documento, titulado “Con la comida no se juega” se asegura que el gobierno de Nicolás Maduro no ha cumplido con su obligación de garantizar el derecho a una alimentación adecuada, debido a la precaria situación de los servicios públicos, la falta de medidas adecuadas para proteger contra el hambre y el hostigamiento a las organizaciones humanitarias.

Lissette González, socióloga y coordinadora de investigación y difusión de Provea, advierte que, de seguir como vamos, Venezuela tendrá una población con un consumo de alimentos cada vez menor, lo que elevará los niveles de desnutrición y hará que la superación de la pobreza a mediano o largo plazo se haga más difícil.

Población empobrecida y dificultada en crecer

“Si tienes una población que, además de empobrecida tiene dificultades en el crecimiento porque no están bien alimentados, esa desnutrición afectará su capacidad de rendir en el sistema de enseñanza, así que vamos a tener una población encerrada en un círculo de producción de pobreza”, argumentó González, quien considera que la principal dificultad que encuentra el país es el empobrecimiento de la población que dificulta el acceso a los alimentos.

El informe describe que en siete estados del país existe desnutrición aguda: Zulia, Falcón, Yaracuy, Portuguesa, Miranda, Sucre y Guárico, y que en 14 entidades: Zulia, Mérida, Barinas, Trujillo, Falcón, Portuguesa, Cojedes, Yaracuy, Apure, Guárico, Amazonas, Sucre, Monagas y Delta Amacuro, la proporción de niños menores de cinco años con desnutrición aguda llega hasta 10%, la desnutrición crónica (retraso al crecimiento) alcanza hasta 40% y la inseguridad alimentaria aguda supera el 70%.

Ante este panorama, la FIDH y Provea abogan por políticas consensuadas en materia económica y también por el levantamiento de sanciones contra Venezuela, que consideran han agravado la crisis humanitaria.

Un entorno hostil

—El informe sobre alimentación de la FIDH y Provea habla del deterioro institucional y democrático del Estado venezolano como una de las causas de que se esté violando el derecho a la alimentación. ¿Podría detallar cómo ocurrió ese proceso?

—De varias maneras, ese deterioro de las instituciones, ausencia de diálogo en el país, de debate de las políticas económicas provocó un entorno cada vez más hostil para la actividad económica nacional. Instrumentos como la Ley Orgánica de Precios Justos o la Ley Constitucional de Precios Acordados, imponían fuertes restricciones a los productores privados, tanto empresas como campesinos y productores agropecuarios en general, porque imponían cuál debía ser el margen ganancia, imponían precios y eso tuvo efectos sobre a capacidad de producción. También las políticas de expropiación de empresas y de tierras especialmente, a partir de la Ley de Tierras, tuvieron efecto sobre la producción nacional de elementos.

«En general, la ausencia de contrapesos y las fiscalizaciones excesivas, todo eso llevó a un entorno casi que paralizó la producción nacional en múltiples ámbitos».

Añade González que, paralelamente, la ausencia de discusión, de diálogo, para atender problemas sectoriales, fueron factores que influyeron en la caída brutal que han tenido los salarios en el sentido de compra real. «Ese empobrecimiento es una de las causas de la emergencia alimentaria. Hay sectores grandes de la población que no tienen acceso de alimentos que no les alcanza para comprarlo, aunque haya mejorado el problema de la escasez».

Posibles soluciones

—¿Qué políticas se pueden implementar que impacten en la producción de alimentos en el país?

—Una de las cosas es que todos los beneficios que se están dando ahora, como que los productos importados no están pagando impuestos, y esas condiciones de comercio internacional, tienen que ajustarse a nuestra legislación. Las empresas y productores agropecuarios necesitan seguridad jurídica, en el sentido que no vayan a ser intervenidos, expropiados o criminalizados por su labor económica.

Es importante el acceso al crédito, tanto en el campo para producir elementos como en empresas de manufactura de alimentos, ya que para poder aumentar su producción necesitan invertir. En la situación que tenemos en el actual sistema financiero con el anclaje que exige el Banco Central, los privados no pueden acceder a créditos ni para tarjetas de crédito y no se pueden acceder a créditos para producción de alimentos.

En opinión de Lissette González, habría que entrar en una revisión más profunda de medidas de política económica y revisión de leyes que no han sido derogadas, como la de precios acordados, la de ilícitos cambiarios, que sigue vigente, aunque haya dolarización informal, además de que muchos de los controles no han sido eliminados.

Desigualdad creciente

González resalta que la desigualdad que está creciendo en el país entre las personas que tienen acceso a divisas, bien por un empleo en el que se les pague en dólares, o quienes tienen ahorros de otras épocas en moneda extranjera o una familia que recibe remesas, y el resto del país que tiene que vivir con sueldos en bolívares.

«La mayor parte de estos datos, como los de la Encovi, reflejan que en todos los estratos de la sociedad cayó el consumo de alimentos entre 2020 y 2021, en los sectores más desfavorecidos el acceso económico se está dificultando. No tenemos escasez, pero altos precios en la comida, no hay hiperinflación pero sí la inflación más alta del mundo», concluye.

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