Gobierno de Venezuela pone en duda imparcialidad de la Fiscalía de CPI en investigación
El Gobierno de Venezuela denunció este martes “diversas irregularidades y violaciones del debido proceso cometidas” por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), que ponen “en duda la debida imparcialidad y objetividad” de esta instancia, que comenzó en 2021 una investigación formal al país por presuntos crímenes de lesa humanidad, negados por el Ejecutivo.
El Gobierno presentó ante la corte un documento en el que denuncia “diversas irregularidades y violaciones del debido proceso cometidas por la Fiscalía de la CPI, incluyendo la indefensión a la que ha sido sometido el Estado venezolano durante todo el trámite, así como los vínculos probados” de dicha instancia con ONG, que “han aportado información contra las autoridades nacionales en este asunto”.
El escrito, según un comunicado oficial, “desmiente todas las falacias de la agresión mediática y geopolítica puesta en marcha para acusar a Venezuela de supuestos crímenes de lesa humanidad, que nunca han ocurrido”.
El fiscal de la CPI, Karim Khan, pidió al tribunal, el pasado noviembre, autorización para seguir adelante con la investigación, que comenzó en 2021 después de que en el examen preliminar, abierto en febrero de 2018, se detectaran indicios de que se habrían podido cometer crímenes y violaciones de los derechos humanos.
Según el comunicado del Ejecutivo, el país caribeño “aportó abundante información que evidencia el carácter político del proceso iniciado en la CPI en 2018, como parte de la estrategia de ‘cambio de régimen’ impulsada por el Gobierno de los Estados Unidos”.
Como prueba de la “naturaleza política del proceso”, la nación suramericana señaló el caso de un ciudadano venezolano designado en 2019 por el Parlamento, entonces de mayoría opositora, para ejercer una alta responsabilidad de Estado en uno de los poderes públicos nacionales, que fue “presentado por la Fiscalía de la CPI como una ‘víctima’ de ‘tortura’ y ‘persecución’”.
Sin embargo, “al ser entrevistado por las autoridades nacionales competentes, negó, expresamente, haber sufrido vulneraciones a su derecho a la integridad personal”, aseguró el Gobierno, que no especificó el nombre del ciudadano.
El Ejecutivo agregó que “seguirá ejerciendo todas las acciones a su alcance para hacer prevalecer la verdad y defender sus derechos como nación”.
