Insight Crime asegura que la Ley de Extinción de Dominio no acabará con la corrupción

La Asamblea Nacional aprobó la Ley de Extinción de Dominio supuestamente destinada a profundizar la lucha contra la corrupción, pero en manos de un Estado con alta descomposición endémica e instituciones muy politizadas, es muy probable que su aplicación no resulte efectiva, señaló la unidad de investigación del sitio web Insight Crime.

La Ley de Extinción de Dominio aprobada por el parlamento venezolano, controlado por el oficialismo, y promulgada por Nicolás Maduro el 28 de abril, consta de 48 artículos que facultan al Ministerio Público a solicitar ante un juez el decomiso definitivo de bienes presuntamente ligados a la corrupción u otros delitos, sin necesidad de una sentencia penal.

Cerca de 10 mil bienes ligados a la corrupción y otras actividades ilícitas ya estarían registrados y podrían ser objeto de esta ley, según afirmó el parlamentario Diosdado Cabello.

Tras la promulgación, el presidente Nicolás Maduro señaló que esta ley “viene a ser la primera ley para golpear durísimo a las mafias corruptas que han pretendido posicionarse en la vida política, nacional y en el escenario del Estado”.

Ley de Extinción de Dominio

La inclusión legislativa de la figura de la extinción de dominio se produce en medio de una operación anticorrupción que hasta finales de abril había dejado 61 detenidos entre exfuncionarios de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), así como directores de alcaldías, jueces y empresarios.

La ley incorpora elementos contenidos en la Ley Modelo sobre Extinción de Dominio, elaborada por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd). Además, la acción de extinción de dominio no perdería vigencia en el tiempo y sería aplicable también a testaferros.

Leyes de extinción de dominio similares en Latinoamérica han tenido dificultades para su efectiva aplicación, pero el panorama podría ser aún más espinoso en Venezuela a causa de la alta polarización política, la ausencia de Estado de Derecho, la corrupción generalizada en las instituciones del sistema de justicia y otras circunstancias particulares del país.

Cuatro razones para el fracaso

InSight Crime enumera cuatro razones por las cuales la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio en Venezuela podría resultar en un fracaso. Entre ellas está el hecho de que las instituciones encargadas están muy politizadas y plagadas por la corrupción de manera importante.

La Ley de Extinción de Dominio en Venezuela podría ser un instrumento más para la persecución contra miembros de la oposición y rivales internos dentro del oficialismo. El Ministerio Público está liderado por Tarek William Saab que, previo a su nombramiento como fiscal general, fue un destacado miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el partido gobernante por el cual fue electo diputado de la Asamblea Nacional y gobernador del estado Anzoátegui, lo que genera serias dudas sobre su imparcialidad.

Además, los jueces encargados de la aplicación de esta ley forman parte de un Poder Judicial que ha demostrado ser obsecuente y parcializado al gobierno de Nicolás Maduro.

También está el peligro de malos manejos sobre los bienes incautados por parte de policías y de las autoridades encargadas de administrarlos. En el pasado, bienes incautados a narcotraficantes por la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), como casas, aeronaves y yates, han sido usados a discreción por funcionarios militares y civiles, como reflejó una investigación hecha por el diario El Nacional.

Buena parte de los bienes de la corrupción están fuera del país

En tercer lugar, está el hecho de que muchos bienes de la corrupción se encuentran en el exterior. La Ley de Extinción de Dominio solo tendría aplicación en el territorio nacional, pero muchos de los bienes y del dinero producto de la corrupción en Venezuela se encuentran en el extranjero.

Según Transparencia Venezuela, hasta 2021 se abrieron 108 procesos por delitos de corrupción perpetrados por venezolanos en distintos países, que involucran lavado de dinero, pago de sobornos y desfalco al Estado venezolano. De estos, 48 fueron abiertos en Estados Unidos, a partir de los cuales podrían recuperarse cerca de mil 500 millones de dólares. Pero en estos juicios no tendría vigencia la ley aprobada en Venezuela.

Finalmente, resalta la burocracia inoperante. En Latinoamérica, las leyes de extinción de dominio siempre han chocado con la burocracia estatal, lo cual podría producir un mayor impacto en un país como Venezuela, donde los funcionarios ganan salarios muy por debajo del promedio de la región, y la politización extrema del aparato del Estado lo hace particularmente inoperante y sin capacidad para implementar la ley.

La posibilidad de que en Venezuela se aplique con éxito el mecanismo legal, en un ámbito en el que otros países de Latinoamérica han fracasado, luce muy limitada. Algunos voceros del gobierno de Nicolás Maduro se esfuerzan en vender este instrumento legal como la panacea contra la corrupción, pero esto podría terminar en solo retórica.

Lee el reporte completo en El Nacional.