Denuncian que Venezuela es puente del tráfico internacional de niños

Seis años pasaron para que Isabel Rinaldo supiera algo de su hija. La última vez que la vio fue en una oficina del Ministerio Público (MP) en Caracas, de donde salió detenida sin saber a qué lugar y con quién llevarían a la niña de ocho años.

En febrero de este año tuvo noticias por primera vez de su hija. Autoridades colombianas se comunicaron con ella para decirle que estaba en Medellín, y ahora enfrenta un proceso de investigación que espera concluya con la reunificación familiar.

Fue en 2017 cuando ella acudió a fiscalía tras recibir una citación y terminó pasando una noche en un calabozo. Había sido denunciada por maltrato infantil, supuestamente por el padre de la niña, un cubano que, en ese momento, estaba en Miami y sin registro migratorio de salida de Estados Unidos.

“Sobre esto se pronunció el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) porque, según los datos migratorios, él padre no estaba Venezuela, pero la fiscalía dijo que le había entregado la niña al él, quien presuntamente había puesto la denuncia. Pero, además, el hombre tampoco tenía domicilio ni empleo en Venezuela que garantizara la estabilidad necesaria para que le entregaran la custodia”, relató el director de la Fundación Venezolana de Niños Sustraídos, Retenidos y Desaparecidos (Funvenides), Martín Geymonat”.

Además, esa supuesta custodia no fue entregada por un tribunal de niños en Caracas como dicta la ley, sino por el Consejo de Protección y la Fiscalía. “Algo totalmente irregular”, advirtió Geymonat.

Para el abogado, esta es una prueba más de que Venezuela es un puente para el tráfico internacional de niños, y como tal lo presentaron ante el Parlamento Europeo, tomando en cuenta que la hija de Isabel es española con nacionalidad italiana.

También en el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) hay varias averiguaciones al respecto. “Con este caso queda evidenciado que el sistema judicial venezolano, principalmente los consejos de protección, notaría, el circuito judicial de protección de niños y la fiscalía referente a materias de niños, son el principal elemento para el tráfico de menores”.

Gracias a la difusión en medios de comunicación y diferentes cuentas en redes sociales, la hija de Isabel, que hoy tiene 14 años y vive en Colombia con su tía paterna, vio un video de su madre en el que explicaba el caso y lloraba por no saber nada de su paradero.

“La niña se puso en contacto con las autoridades colombianas que contactaron a Isabel. Hoy está bajo el resguardo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”. Durante el tiempo de “desaparición” de la hija de Isabel, el padre de la niña decía que no sabía nada de su paradero y se ha mantenido en Miami, tampoco dijo que la tenía su hermana.

Aún Isabel y su hija no se han reunido. Es necesario completar el proceso para evidenciar cómo llegó a Colombia, cómo la ingresaron al sistema escolar y la residenciaron, porque todos sus documentos quedaron en Venezuela. “Aparentemente tiene documentos venezolanos adulterados y una custodia y colocación familiar y permiso de residencia que no hemos podado corroborar que haya sido entregado por un tribunal venezolano”.

Otro caso para el expediente

El 1 de marzo de 2023 la CIDH notificó al estado venezolano que empezaban a correr los 90 días para presentar sus alegatos en torno al caso de la hija de Geymonat, nacida en Orlando, Estados Unidos, quien, estando residenciada en Bogotá con ambos padres, fue trasladada a Brasil con una custodia otorgada por un tribunal venezolano.

El tribunal 27 de protección de niños del Circuito Judicial de Caracas otorgó el 9 de diciembre de 2016 una custodia preventiva a la madre de la niña, la cual fue inmediatamente apostillada en cancillería y utilizada al año siguiente para llevársela a Brasil.

“En la demanda que presentan a la juez dicen que era un matrimonio que vivía en Caracas, en el municipio Sucre. Dieron un domicilio falso, no aclararon que la niña es norteamericana ni que los padres tenían visa de residencia en Colombia desde 2016”.

Esto ocurrió aunque los tribunales venezolanos no tienen jurisdicción para decidir sobre instituciones familiares de niños que no están en territorio venezolano, mucho menos si son extranjeros.

Geymonat explicó que la juez, en su alegato de inhibición, cuando se le presentaron datos migratorios de Interpol, migración Colombia, el Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería (Saime) de Venezuela, del Departamento de Estado de Estados Unidos y del departamento de migración de Brasil, alegó que nunca supo que la niña y su familia estaban residenciados fuera de Venezuela.

“Si hay un evidente engaño a los jueces, hubo fraude judicial y los responsables tienen que ser presentados ante tribunales penales. Si no hay fraude judicial es evidente que estamos ante un caso de corrupción, porque el juez sabía plenamente lo que hacía, que estaba comercializando sentencias para el tráfico internacional de niños”.

Por el caso de la hija de Geymonat las autoridades de diferentes países están trabajando para esclarecer el tema, verificar cuáles son los tribunales competentes. «Para nosotros son los de Brasil, donde vive la niña, que ya están tomando acciones pertinentes para la reunificación familiar”.

Complicidad

El director de Funvenides insistió que Venezuela está señalado como país puente para el tráfico internacional de niños en Latinoamérica ya que, sin importar donde están residenciados y su país de origen, los tribunales venezolanos emiten sentencias como ejercicio unilateral de patria potestad, custodia, permisos de viaje o cualquier otra.

“Por eso hablamos de comercialización de sentencias venezolanas para engañar a autoridades migratorias de otros países y trasladar ilegalmente a los niños”.

Aseguró que hay casos que se ven básicos y que hablan de sustracción parental internacional por algún problema entre los padres, pero también hay casos de tráfico y trata de niños.

“Ya se ha permitido una total impunidad en el tráfico internacional de niños con sentencias venezolanas emitidas por autoridades que conocen cuáles son los delitos, autores, pruebas y permiten la impunidad. Se fue de control el proceso y en Colombia tenemos a más de mil 80 niños registrados en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como abandonados, tenemos otro tanto en Brasil, Argentina, Chile. Muchos vienen de tráfico y trata de niños, es un problema que va creciendo y que hay que atacar”.

El Carabobeño