La Fiscalía de Perú archiva una denuncia contra Evo Morales por traición
La Fiscalía de Perú ordenó archivar de forma definitiva una denuncia contra el expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) por delitos contra la seguridad nacional y traición a la patria peruana, presentada en enero de 2023 por el congresista Jorge Montoya, del partido ultraconservador Renovación Popular.
El documento fiscal, que se hizo público este jueves, dispone no formalizar ni continuar la investigación preparatoria a Morales por la presunta comisión del delito contra el Estado y la defensa nacional “en su modalidad de atentados contra la seguridad nacional y traición a la patria”.
El fiscal de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno, Efraín Mallea, ordenó así el archivo del presente caso en el modo y forma de la legislación.
Montoya presentó esta denuncia contra Morales en enero de 2023, cuando el país atravesaba un periodo convulso debido a las protestas antigubernamentales que comenzaron tras el fallido autogolpe de Estado del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), ahora preso.
El congresista acusó a Morales de azuzar en este contexto de protestas en la región Puno y promover que esta se uniera a Runasur, una organización transnacional promovida por el exmandatario de Bolivia que agrupa movimientos sociales y políticos de izquierda para “articular una América plurinacional”.
La denuncia también incluía al exgobernador regional de Puno, Germán Apaza, al que atribuía la presunta comisión del delito de usurpación de poderes, por haber promovido la presencia de Morales en Puno.
En este sentido, el fiscal, también ha archivado la investigación contra el exgoberandor regional.
El expresidente boliviano mantuvo una activa presencia en Perú, sobre todo en regiones del sur del país, durante el Gobierno de Castillo con el objetivo de incentivar la integración de regiones como Puno al proyecto Runasur.
También ha estado muy activo en las redes sociales con opiniones sobre la crisis en Perú y mensajes para defender a Castillo desde su destitución por el Congreso, tras el fallido intento de autogolpe.
El pasado 9 de enero, el Gobierno de Perú le prohibió el ingreso al país junto a otros ocho ciudadanos bolivianos, a los que acusa de haber efectuado “actividades de índole política proselitistas” que afectaron la “seguridad nacional”.
El mismo mes, el Congreso peruano le declaró persona non grata “por sus constantes incitaciones en la política nacional” que, a juicio del Parlamento, buscan “desequilibrar el orden interno del país”.
Agencia EFE
