Activistas protestaron frente a la Fiscalía contra la criminalización de las personas LGBTI
Activistas y defensores de derechos humanos protestaron este viernes frente a la sede del Ministerio Público, en Caracas, en contra de la discriminación de las personas LGBTI en Venezuela.
Durante la protesta, los manifestantes gritaron consignas en contra de la discriminación por identidad de género u orientación sexual, y entregaron un documento dirigido al fiscal general impuesto por la constituyente chavista, Tarek William Saab, en el que exigen que se retiren los cargos presentados por la Fiscalía en contra de los 33 hombres detenidos durante un allanamiento ilegal en un sauna privado en el estado Carabobo.
«Tomando en consideración que los hechos se suscitaron en la esfera privada, se puede suponer que no hubo subsunción en el delito de ultraje al pudor, que debe desarrollarse en lugares públicos para conjugarse con este tipo penal; al no haber un delito inicial, se descarta el agavillamiento y, por último, la contaminación sónica no constituye un delito sino una falta, que no amerita imputación por parte del titular de la acción penal», señalan en el documento.
Los activistas denunciaron que «existe una exposición pública sin limitaciones y actuaciones o decisiones perjudiciales que afecta a los detenidos, generando una violación directa a sus derechos humanos y a las garantías que debe seguir todo proceso penal, desencadenando una situación que pone en una inseguridad jurídica a los detenidos, a sus familiares y a las demás personas de la comunidad LGBTIQ».
En este sentido, expresaron su preocupación por «la exposición negativa y daño psicosocial causado a las 33 personas detenidas, generando una vulneración a los derechos de estos ciudadanos y una sensación de incertidumbre a todas las personas LGBTIQ+ en Venezuela al sentar un precedente que pueda dar pie a nuevos procesos de criminalización por prejuicios basados en orientación sexual, identidad o expresión de género y diversidades corporales»-
Los activistas destacaron que «los derechos sexuales y reproductivos representan un pilar fundamental para el ejercicio de la ciudadanía, entendida más allá de la simple posibilidad de tomar decisiones en el ámbito público. La ciudadanía además implica la posibilidad para mujeres y hombres de tomar decisiones autónomas sobre su propio cuerpo y vida en los campos de su sexualidad y reproducción».
Por ello solicitaron a la Fiscalía que la causa contra los 33 hombres detenidos en Carabobo «sea sobreseída en virtud de no hallar un asidero jurídico que revista carácter penal» y que se inicien «las acciones correspondientes de carácter penal y administrativo para determinar las responsabilidades por los actos irregulares en los que han incurrido los cuerpos de seguridad policial y las instituciones que llevaron a cabo las actuaciones, tomando en consideración los prejuicios y violencias diferenciadas a los que han sido sometidas las personas detenidas».
Con información de Monitoreamos
