Advierten sobre leyes que afectan a venezolanos en Florida

Líderes de organizaciones venezolanas en Florida (EE.UU.) pidieron este miércoles 2 de marzo que se vote en contra de las iniciativas legislativas migratorias que se discuten actualmente en el Senado estatal y que califican de “ataque directo a la comunidad de venezolanos” en el estado.
Los proyectos de ley SB 1808 y HB 1355 “son un ataque directo a la comunidad de venezolanos en Florida”, señalan los líderes de las organizaciones en una carta enviada hoy al presidente del Senado floridano, Wilton Simpson, así como al gobernador estatal, Ron DeSantis, que contempla como una prioridad la aprobación de estas medidas legislativas.
Los firmantes de la carta, entre los que figuran María Corina Vegas, coordinadora de American Business Immigration Coalition Action, indican que muchos de los venezolanos en Florida amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) tienen sus permisos de trabajo retrasados por los atascos burocráticos en las oficinas gubernamentales de Inmigración.
“Todo lo que esta gente quiere, nuestra familia, nuestros vecinos, es poder trabajar para mantener a sus familias. Es un escándalo que este proyecto de ley ponga en peligro su capacidad de hacerlo, inyecte inestabilidad e incertidumbre en sus planes a largo plazo”, agregan en el texto.
Los firmantes, incluido el fundador de la Casa De Venezuela Orlando, William Diaz, resaltan que los venezolanos son “una parte clave y creciente de las comunidades y la economía de Florida”, y de una “orgullosa tradición de inmigrantes” que hacen de este estado una “potencia económica”.
“Este proyecto de ley se hizo por razones políticas. Hemos visto demasiadas veces en las Américas y ahora en Europa cuando los hombres poderosos se involucran en la intimidación y en el teatro político, lastimando a niños, trabajadores y familias inocentes”, añaden los firmantes.
“Eso está mal en Ucrania, está mal en Venezuela y está mal en Florida”, remataron.
Los proyectos de ley en cuestión, entre otros aspectos, recrudecen las medidas contra las “ciudades santuario” de indocumentados y bloquean contratos con empresas estatales a las compañías que, por encargo de la Administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, transporten indocumentados a Florida.

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