Bruselas pierde el pulso contra los pesticidas mientras arrecian protestas de agricultores en España
Bruselas ha perdido esta semana la primera batalla ante la presión de agricultores y ganaderos, que manifiestan en diferentes países europeos por las duras condiciones que enfrenta el sector. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció el martes que retiraba la propuesta normativa contra los pesticidas.
El paso dado por el bloque comunitario no ha conseguido aplacar la ira del campo español que, tras colapsar un gran número de carreteras repartidas por todo el país este martes, continúa este miércoles con sus protestas y tractoradas.
Las protestas que han comenzado desarrollándose al margen de la iniciativa de las grandes asociaciones del sector, que habían convocado las concentraciones y otras acciones, a partir del jueves.
Las movilizaciones de estos días parecen tener no solo motivaciones relacionadas con el sector agroganadero, sino también algunas conexiones políticas, como apunta el hecho de que algunas de sus consignas no se compartan con las grandes asociaciones y sí con las proclamadas por el partido de ultraderecha Vox.
¿Qué norma ha retirado Bruselas?
La Comisión Europea ha retirado el plan para recortar el uso de los pesticidas en un 50 %, tal como reclamaban los agricultores, después de que la propuesta se hubiera convertido en “un símbolo de polarización“, como admitió Von der Leyen el martes, ante el Pleno del Parlamento Europeo.
Según la evidencia científica, los pesticidas químicos contaminan el suelo, el agua y el aire; causan pérdida de biodiversidad y tienen un impacto negativo en el medio ambiente y la salud humana. Por ello, en junio de 2022, la Comisión Europea presentó su iniciativa legislativa.
Con ese instrumento se planteaba reducir en 50 % el uso de plaguicidas químicos, sobre todo los más peligrosos, para 2030, si bien los Estados miembros establecerían sus propios planes nacionales para alcanzar los objetivos comunes. Se incluía igualmente la prohibición total de pesticidas en áreas sensibles.
En noviembre del año pasado, el pleno de la Eurocámara votó en contra de la normativa, sin duda condicionado por el lobby agroalimentario, que esgrimía que se ponía en riesgo la seguridad del bloque comunitario.
Es posible que el nuevo borrador se presente ya después de las elecciones europeas que se celebrarán en junio, toda vez que se pretende involucrar a todos los interesados, incluidos agricultores y ganaderos, antes de presentar una nueva propuesta.
El glifosato en el centro de la polémica
La red Pesticides Action Network (Red de Acción sobre Pesticidas, PAN) lleva tiempo alertando de que el uso de los pesticidas más tóxicos continúa aumentando en los campos europeos. En el caso de España, se trata de uno de los países europeos que más consume estas sustancias.
El Atlas de los pesticidas, del pasado 2023, recoge que España en 2020 utilizó 75.774 toneladas de pesticidas, superando al resto de países de la Unión Europea (UE), y exportó 5.182 toneladas, solo rebasado por Alemania y el Reino Unido.
El informe recoge que, entre 1990 y 2017, el consumo de pesticidas en todo el mundo aumentó un 80 %. Entre los pesticidas tóxicos más vendidos, el rey es el glifosato, una sustancia probablemente cancerígena, según la agencia de investigación sobre cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y fabricada por Bayer-Monsanto, que en 2018 vendió este producto por valor de 841 millones de dólares.
El glifosato es el herbicida más utilizado en España, al igual que en el resto del mundo. A pesar de las dudas sobre su peligrosidad, la Comisión Europea renovó el año pasado la autorización para su uso durante otros diez años.
Los agricultores españoles continúan con las protestas
A pesar de esta marcha atrás de la Comisión Europea, que afecta a todos los países del bloque y particularmente a España, los agricultores y ganaderos españoles continúan este miércoles las protestas.
En Cataluña, centenares de tractores partieron a primera hora de la mañana desde diferentes puntos de la región, en una marcha lenta para llegar a Barcelona a mediodía. Han provocado cortes en la autovía A-2, también en la AP-7 y la A-2, que permanecían cortadas desde el martes, después de que pequeños grupos de agricultores encendieran hogueras y acamparan allí durante la noche.
Las caravanas han ido a la sede de la Comisión Europea y a la delegación del Gobierno español, para terminar frente al edificio del Gobierno regional, donde el presidente de Cataluña, Pere Aragonés, recibirá a los representantes del grupo, junto al consejero de Acción Climática, David Mascort.
También se están produciendo tractoradas en otros puntos del país, como Pamplona, Logroño, Valencia, Zamora y zonas de Castilla-La Mancha.
¿Quién está detrás de estas protestas?
Las protestas de estas dos últimas jornadas no han estado convocadas por las tres asociaciones más importantes del sector, la patronal de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (Upa).
Los agricultores y ganaderos se han organizado principalmente a través de grupos de mensajería. Lidera la organización la Plataforma 6F, nacida apenas hace unos días, y que cuenta con la complicidad de la Plataforma en Defensa del Transporte, la organización que estuvo detrás del paro indefinido de los transportistas hace dos años.
La Plataforma 6F reniega de la representatividad de las grandes asociaciones y, de lo poco que se sabe hasta ahora, es que tiene cómo líderes visibles a la agricultora Lola Guzmán Sáez y el abogado Xaime da Pena Gutiérrez.
La primera, procedente de Valencia y exmilitante del partido de ultraderecha Vox, se ha erigido en portavoz del movimiento en los últimos días y ha sido entrevistada por diferentes medios en las últimas jornadas.
Del bufete del segundo salieron los 40.000 euros que pagaron la polémica lona contra el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, que la empresa Desokupa –dedicada a los desahucios con prácticas que bordean la ley– colocó en la céntrica plaza madrileña de Atocha, en víspera de las elecciones generales del pasado julio.
Sus proclamas, en contra de la Agenda 2030 y el ‘falso medioambientalismo’ son coincidentes con las arengas del partido de ultraderecha Vox, tanto a nivel nacional como en el seno de las instituciones de la Unión Europea.