Defensor Público General anuncia Plan Justicia Inmediata Zulia
Desde las instalaciones del Palacio de Justicia de Maracaibo, el Defensor Público General, Daniel Ramírez Herrera, anunció la llegada del Plan Justicia Inmediata en la entidad zuliana, en aras de continuar garantizando los derechos humanos de los privados y privadas de libertad.
Ramírez Herrera indicó que “los defensores públicos, junto con los jueces en fase de ejecución, verificaron el estado procesal de 870 causas de privados y privadas de libertad que se encuentran y puedan optar a alguna fórmula alternativa del cumplimiento de pena para que estas personas puedan ser reinsertadas a la sociedad, respetando el principio de progresividad y considerando las redenciones de trabajo y estudio”.
El titular de la Defensa Pública manifestó que el Estado venezolano está garantizando y dando respuesta contundente para revolucionar el sistema de justicia, todo en pro del robustecimiento del Estado social de derecho y de justicia.
El representante de este órgano del sistema de justicia estuvo acompañado por la presidenta del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, María Cruz; la directora del Despacho del Defensor Público General, Viomar Mata, la coordinadora regional, Ana Leal, y el diputado César Molina.
Es de resaltar que el Plan Justicia Inmediata inició en diciembre del 2022 en el Área Metropolitana de Caracas y hasta el momento ha sido instalado en los estados Carabobo, Cojedes, La Guaira, Lara, Miranda, Yaracuy, donde se han verificado más de 6.000 causas y logrado más de 500 libertades.
Comisión de Revolución Judicial
El despliegue del Defensor Público General fue propicio para que se constituyera en el Comando de Zona de la Guardia Nacional Bolivariana del Zulia, a cargo del G/B Erasmo Ramos Iriza, esto como parte del despliegue de la Comisión para la Revolución Judicial, dirigida en el estado por el diputado de la Asamblea Nacional, Yonder Durán.
En el abordaje se brindó asistencia jurídica gratuita a los privados de libertad recluidos, en el mismo también participó el Ministerio para el Servicio Penitenciario y la Defensoría del Pueblo
