Duque ordena máximo despliegue militar para contener la violencia en Cali

El presidente de Colombia, Iván Duque, ordenó el máximo despliegue de la asistencia militar para el departamento del Valle del Cauca y su capital, Cali, que vivió una nueva oleada de violencia durante el sexto paro nacional en el que murieron al menos tres personas.
“A partir de esta noche empieza el máximo despliegue de asistencia militar a la Policía Nacional en la ciudad de Cali y en el departamento del Valle”, señaló Duque, ayer viernes 28 de mayo, en esa urbe, donde presidió un consejo de seguridad, y agregó que al frente de la operación estarán oficiales de la más alta experiencia.
Bajo la figura de “asistencia militar”, los soldados están desplegados en varias ciudades del país hasta que cesen los hechos que alteran el orden público y que comenzaron exactamente hace un mes.
Este viernes, en Cali, tres personas murieron en crímenes cometidos en el sector de La Luna, en el centro de la ciudad, donde un civil armado, miembro de la Fiscalía, disparó contra varias personas que estaban bloqueando la zona y luego fue linchado hasta morir.
Igualmente hubo agresiones contra la prensa en el sector de Ciudad Jardín, donde varias personas vestidas de civil estaban disparando hacia donde estaban los manifestantes y también periodistas claramente identificados.
Alcance del despliegue
El mandatario explicó que ese despliegue permitirá triplicar la capacidad militar “en menos de 24 horas en todo el departamento”, lo que asegurará además “una asistencia en puntos neurálgicos en donde hemos visto actos de vandalismo, de violencia y de terrorismo urbano de baja intensidad”.
El objetivo es buscar la “protección de los corredores del departamento” con el desbloqueo de las carreteras como “principio” y “medida de protección de los derechos de todos los ciudadanos”, según publica EFE.
“Hay más de siete mil hombres (entre policías y soldados) despegados para esa labor”, expresó el presidente.
Duque destacó que el “país siempre ha mantenido canales para que haya deliberación y concertación frente a las necesidades de la ciudadanía”, pero “no negociando la Constitución ni los derechos de los ciudadanos”.