«Esto es una burla»: limitaciones de amnistía desencantan a familias y expresos políticos
La aprobación de la Ley de Amnistía el pasado jueves 19 por parte de la Asamblea Nacional decepcionó a familiares de presos políticos y algunos que ya han sido liberados en meses pasados bajo medidas restrictivas de libertad. Esto debido a la discrecionalidad de su aplicación y las extensivas limitaciones que retrasan las libertades de cientos tras las rejas o el exilio.
Organizaciones como el Foro Penal, Cofavic o Provea, al igual que comités que reúnen a familiares han señalado que la amnistía aprobada es «excluyente» e «insuficiente» al no contemplar delitos de odio o rebelión militar, al igual que deja por fuera hechos acaecidos entre los años 2010 y 2025 que involucran presuntas conspiraciones o alzamientos militares.
Surgentes calcula al menos 50 campesinos detenidos por demandas agrarias, así como más de 200 personas que han sido procesadas judicialmente desde 2015 por reclamar derechos laborales, expresar sus críticas, retaliación por haber denunciado corrupción o como «chivos expiatorios» en estos casos.
También excluyen, han dicho Surgentes y el Foro Penal, a más de 400 personas detenidas, enjuiciadas o condenadas por delitos de naturaleza militar. «Sean ciertos o no los hechos por los que se les acusa, es claro que se trata de delitos de carácter político que una amnistía debería incluir, si el objetivo es “promover la paz social y la convivencia democrática”, como señala el artículo 1 de la Ley».
Para Edward Ocariz, la situación en sí misma es contradictoria. Como persona que estuvo bajo arresto arbitrario, reconoció, «esto me conviene, pero como ciudadano y defensor de derechos humanos, esta ley es insuficiente. No garantiza la libertad de todos».
Ocariz fue detenido dentro de su vivienda por funcionarios encapuchados de la PNB el 2 de agosto de 2024. El 24 de diciembre de ese año bajo medidas restrictivas como presentación periódica ante tribunales. El activista de la parroquia Coche fue acusado por el Ministerio Público de terrorismo, incitación al odio y alteración al orden público.
Comentó que si bien tiene planeado solicitar la amnistía, mantendrá la lucha por la libertad sin restricciones de todos los presos políticos junto a organizaciones y comités de familiares.
Betzaida Natera es mucho más enfática. «Esto es una burla», dice la madre del sargento mayor de tercera Geomer Martínez, a quien no ha visto desde hace un año en el Fuerte Guaicaipuro. «Con esta ley que aprobaron fueron excluidos por rebelión… Mi llamado es a todos estos representantes en Venezuela, los que nos están ayudando a sacar a nuestros familiares de esos calabozos, de esas mazmorras como el Fuerte Guaicaipuro donde los tienen incomunicados».
Aprovechó para denunciar que a los presos, la mayoría sin posibilidad a visitas regulares de sus familiares, los tienen en condiciones inhumanas en este centro de reclusión. «Es como si estuvieran sepultados. No puede ser que, por pensar distinto, a ellos los hayan torturados de la manera en que lo hicieron y lo hacen todavía, porque incomunicación y no ver a sus familiares es tortura».
«Fue un fraude, fue un paquete chileno porque nada más incluye a una minoría. Los diputados, esta gente de la Asamblea Nacional, llamaron a ONG, a familiares, para ellos cumplir con las pautas para esta ley… ¿Qué podemos esperar cuando ellos mismos tienen sus jueces y abogados», expresó Francis Quiñones, madre de Jonathan Franco Quiñones, uno de los condenados por la operación Gedeón y que no se verá beneficiado por la amnistía por el tipo de delito del que fue señalado.
Calificó de «mentiras» los llamados a la paz y la reconciliación hechos por el chavismo. «¿Cuál paz? ¿Cuál justicia? Seguimos con las mismas leyes que nos quieren impedir hablar, pero aquí seguimos nosotros luchando por nuestros familiares, contra esta extorsión, este fraude que hicieron con nuestros familiares».
Una postura similar mantiene Milianni Castillo, hermana de Oswaldo Castillo, condenado por el llamado caso de los drones (2018). «La ley habla de reconciliación, pero mi hermano hoy sigue tras las rejas siendo inocente«.
Debido a la naturaleza de algunos delitos imputados, como homicidio intencional en grado de frustración contra Nicolás Maduro, y el momento en que se dieron estos hechos, que no están mencionados directamente en la ley, ninguno de los condenados tampoco optaría por una amnistía que los beneficie.
«Su libertad no puede ser un artículo tachado en una oficina», insistió Castillo.
El ciudadano colombo-venezolano John Hader Betancourt tampoco entraría en una lista de posibles amnistiados. Fue condenado a 30 años por traición a la patria, conspiración, rebelión y asociación para delinquir. Fue detenido en 2019, dijo su esposa Claudia Morillo, solo por aparecer en una foto dando su mano al dirigente Leopoldo López durante el alzamiento militar de abril de ese año.
«He buscado asesoría y que me aclaren porque entiendo que ese hecho específico del 30 de abril del 2019 entra por rebelión militar, y las rebeliones no van a gozar de amnistía aunque sea civil. Yo estoy triste, vengo del interior del país, me cuesta mantenerme alejadas de mis niños, dos en condiciones especiales severas. Pensando que esta vez sí les llevaba a papá a casa y nada más en pensar que tengo que explicarles que esta vez su papá tampoco vuelve es lo más difícil del proceso«, expresó Morillo.
El Foro Penal tiene previsto entregar un documento a la comisión de seguimiento establecida por la Asamblea Nacional, una vez promulgada la ley en Gaceta Oficial, para que revise los casos de 232 personas. Entre ellas están personas con enfermedades graves, 21 mayores de 70 años, tres con alguna discapacidad, 208 que han sobrepasado los límites de la prisión preventiva.
Los familiares, dijo Quiñones, también se organizarán para llevar sus casos ante la comisión de seguimiento que designó la Asamblea Nacional y seguir presionando, en vigilias, protestas y otros métodos pacíficos, por la libertad plena de los presos políticos.
Información de Tal Cual
