Fiscalía peruana pide 34 años de prisión para Pedro Castillo
La Fiscalía peruana pidió este viernes una condena de 34 años de cárcel para el expresidente Pedro Castillo, por la presunta comisión de los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública.
“El Ministerio Público solicita 34 años de prisión contra Pedro Castillo Terrones por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública. El expresidente “es acusado de perpetrar el golpe de Estado el pasado 7 de diciembre de 2022”, publicó la fiscalía en su cuenta en la red social X.
El 7 de diciembre de 2022, Castillo intentó cerrar el Congreso y tomar el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional, a través del establecimiento de un “gobierno de excepción”, reseña Sputnik.
Este hecho fue interpretado por el parlamento como un intento de golpe de Estado y el pleno lo destituyó del cargo de forma inmediata bajo la causal constitucional de incapacidad moral para ejercer la presidencia.
Imputados
El Ministerio Públicó pidió ademas 25 años de prisión para la ex primera ministra Betssy Chávez, y los extitulares del Interior, Willy Huerta, y de Comercio Exterior y Turismo y parlamentario progresista, Roberto Sánchez, como coautores del delito de rebelión, refiere Prensa Latina.
Por el mismo cargo la Fiscalía pidió 15 años de encierro para Aníbal, quien fue ministro de Justicia y primer ministro del gobierno iniciado por Castillo el 28 de julio de 2021, quien se encontraba con él cuando anunció la disolución del Congreso, pero ya no integraba el gobierno.
La nómina de imputados incluye a tres oficiales de Policía que respaldaron al entonces mandatario, el general Manuel Lozada, el comandante Justo Venero y el teniente Eder Antonio Infanzón, para quienes se pide 25 años de cárcel.
La defensa legal, a cargo de abogados nacionales y extranjeros, cuestiona los cargos y en especial el de rebelión, alegando que este delito requiere de que haya una acción colectiva de alzamiento armado, lo cual, afirman, no ocurrió, aunque la acusación interpreta como tal al hecho que Castillo era jefe supremo de las Fuerzas Armadas.
Según la acusación, los imputados participaron en un plan de cierre del Congreso, intervención del sistema de justicia y establecimiento de un gobierno de excepción, medidas anunciadas horas antes de que el Parlamento votara una moción de vacancia (destitución) de Castillo, a la postre aprobada el mismo día.
Las medidas anunciadas no fueron acatadas por las Fuerzas Armadas ni por la Policía que, según recientes testimonios, coordinaron acciones inmediatamente para abortar lo que el nuevo gobierno y la prensa califican como golpe de Estado.
El ascenso de la hasta entonces vicepresidenta Dina Boluarte a la jefatura del Estado, con la venia del Legislativo de mayoría derechista, dio pie a grandes protestas sociales contra la nueva gobernante, que se prolongaron hasta marzo de 2023.
Las manifestaciones, con mayor fuerza en el sur del país, dejaron un rastro de 50 civiles ultimados en su mayoría con disparos de armas de fuego policiales y militares y, como hechos colaterales, un policía linchado y seis soldados ahogados cuando cruzaban un río.
Con información de EPTV
