FundaRedes defiende derecho a la educación en búsqueda de reactivar el pasaje estudiantil
La grave emergencia humanitaria compleja que se vive en el país, afecta considerablemente al sector educativo, vulnerando este derecho fundamental, debido a que muchos estudiantes no pueden costear 240 mil pesos colombianos mensuales, para el pago de pasajes urbanos, a fin de trasladarse a sus planteles.
La red de educadores del Observatorio de Educación de FundaRedes en alianza con organizaciones como Creemos Alianza ciudadana, Todos por la Educación y Colegio de Licenciados Seccional Táchira, vienen monitoreando las distintas y consecuentes violaciones de Derechos Humanos a los estudiantes a nivel municipal, regional y nacional, por ello acudieron a la Defensoría del Pueblo en el estado Táchira, donde hicieron incidencia pública en busca de reactivar el pasaje estudiantil.
La información la dio a conocer Mackler García Coordiador del Observatorio de Educación, activista y defensor de los DD.HH. de la ONG FundaRedes, quien junto a las demás organizaciones en alianzas ciudadanas, vienen monitoreando acciones y situaciones donde se vulneran los derechos humanos relacionados con la educación de niños, niñas y adolescentes, así como el sistema educativo venezolano.
“Acudimos ante el defensor del pueblo para que funja como intermediario, citando testimonios de padres y representantes, que hoy atraviesan situaciones complejas en cuanto al tema del pasaje en transporte urbano e interurbano, dentro y fuera del municipio capital, y la reactivación del ticket estudiantil que fue suspendido desde hace más de cinco años”, dijo Mackler García.
Detalló que, hoy en día estudiantes deben cancelar el 100% del pasaje en transporte público, por lo que el llamado es al Estado venezolano para que, “se tomen medidas que brinden condiciones y mejoren las posibilidades de reactivar el beneficio del pasaje estudiantil en Táchira”, afirmó.
A su vez García destacó que, “un ejemplo palpable es en el municipio Junín, donde cualquier estudiante para poder trasladarse a San Cristóbal debe cancelar diario 12 mil pesos colombianos, es decir, ida y vuelta a la semana serían 60 mil pesos, y al mes 240 mil, una cifra pesada para que muchos estudiantes, padres y representantes puedan costearse, por lo que se ven en la obligación muchas veces, de no asistir a las instituciones educativas”.
El propósito como lo resaltó el defensor de DDHH de FundaRedes, es que a través de la Defensoría del Pueblo se transmita dicha incidencia a las instancias necesarias en busca de prontas soluciones, “ya que el Estado venezolano tiene la obligación de garantizar cada uno de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, en la LOPNA, así como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.
FundaRedes, de forma constante ha denunciado las distintas arbitrariedades que tiene que vivir el sector educativo, junto a los bajos salarios que se devengan en el país, que afectan directamente a los sectores más frágiles, vulnerando en el principal de los casos el derecho a la educación, el cual es primordial para el desarrollo de un país.
Nota de Prensa
