Gobierno anuncia el inicio de la transformación del Helicoide: de cárcel a espacio cultural y deportivo
El Gobierno anunció este lunes el comienzo de la fase de ejecución del proyecto para la transformación del Helicoide, edificio que durante décadas funcionó como centro de detención del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y que ahora será convertido en un centro cultural y deportivo, según anunció recientemente la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
Un video difundido por el ministro de Comunicación, Miguel Pérez Pirela, en sus redes sociales muestra imágenes de maquinaria y trabajadores iniciando los trabajos de rehabilitación en las rampas y zonas interiores del Helicoide.
En el material audiovisual, el ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez, informó que el proyecto fue aprobado en menos de un mes, luego de consultas con residentes de las zonas aledañas y con funcionarios policiales.
El anuncio sobre el inicio de la fase de ejecución del proyecto ocurre semanas después de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informara el cierre de El Helicoide como centro de reclusión y anunciara la hoy sancionada Ley de Amnistía para presos políticos.
El pasado 30 de enero de 2026, durante el acto de apertura del año judicial en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, Rodríguez adelantó que las instalaciones serían convertidas en un espacio social, cultural, deportivo y comercial destinado a la familia policial y a las comunidades caraqueñas.
Sobre el Helicoide
El Helicoide es una edificación ubicada en la parroquia San Pedro de Caracas concebida originalmente durante el gobierno de Marcos Pérez Jiménez como un ambicioso centro comercial con rampas helicoidales para el tránsito vehicular interno, el proyecto quedó inconcluso tras la caída de la dictadura en 1958 y nunca fue culminado según su plan original.
A partir de 1984, el edificio comenzó a ser ocupado por organismos de seguridad del Estado y, desde 2010, funciona como sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). En los últimos años, ha sido utilizado como centro de detención, especialmente para personas señaladas por motivos políticos.
Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han documentado denuncias sobre presuntas «torturas y tratos crueles» dentro de sus instalaciones, mientras que el Gobierno ha defendido su funcionamiento como parte del sistema de seguridad del Estado.
Información de El Cooperante
