La Corte Suprema de Argentina confirma la condena a prisión de Cristina Fernández por la causa Vialidad
La Corte Suprema de Argentina rechazó el recurso presentado por la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) y dejó firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, dictada contra ella en 2022 por irregularidades en la concesión de obras viales.
Tras esta decisión, adoptada por unanimidad por los tres jueces del Supremo, Fernández podría ser detenida en las próximas horas o días para cumplir la condena, que la expresidenta ha calificado como un caso de ‘lawfare’, es decir, persecución judicial y política.
Fernández estaba condenada en segunda instancia por irregularidades en la concesión de obras públicas y había presentado un recurso al Supremo por considerar que es víctima de una persecución política y judicial.
El panorama judicial de Cristina Fernández
Los jueces del Supremo deben resolver si rechazan el recurso de queja que planteó Cristina Fernández ante este tribunal, que podría confirmar la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Otra opción es que acepten el planteamiento del fiscal Mario Villar, avalado por el procurador general, Eduardo Casal, y soliciten que se investigue también el delito de asociación ilícita, lo cual elevaría la pena a doce años.
Para que haya un fallo deben ponerse de acuerdo los tres magistrados que forman la Corte Suprema: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Si no hubiera acuerdo, deberán convocar a jueces complementarios para conformar una mayoría y eso conllevaría a una demora del pronunciamiento.
De ratificar el máximo tribunal la condena, la expresidenta podría quedar detenida desde este mismo martes y estaría inhabilitada para participar de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, previstas para septiembre, cuya candidatura confirmó el 2 de junio.
Tres años después de su condena
La ‘causa Vialidad’ investigó supuestas irregularidades en la adjudicación de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz a empresas del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
La expresidenta fue condenada en 2022 por “administración fraudulenta”, aunque no fue detenida debido a sus fueros y a la instancia pendiente de revisión por parte de la Corte Suprema.
El 1 de septiembre de 2022, un hombre vinculado al grupo ultraderechista Revolución Federal disparó un revolver en la cabeza de la expresidenta, pero no salió la bala, en lo que se considera un intento de magnicidio. La Justicia argentina no ha presentado avances en esa investigación.
Información de EFE
