Migrantes venezolanos insisten en cruzar a EE.UU. por el río Bravo pese a las crecientes deportaciones
A pesar de los crecientes esfuerzos de deportación y los operativos conjuntos entre Estados Unidos y México, los migrantes en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso siguen intentando cruzar el río Bravo (o Grande) de manera irregular.
La situación se agravó cuando, la semana pasada, las autoridades estadounidenses expulsaron a 200 migrantes que habían cruzado por la puerta 40 del muro fronterizo y los entregaron al Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez. Este instituto les notificó que serían retornados a Chiapas, estado ubicado en la frontera sur de México.
El venezolano Marco Galindo expresó que le resulta «muy frustrante» tener que reiniciar su viaje.
“Es como si fuera un fracaso, todo el mundo está buscando el sueño de llegar a Estados Unidos y, una vez aquí, esa guerra que nos hacen desde Tapachula (ciudad en la frontera sur), hace que la vida sea imposible. Los de Migración, la Guardia Nacional, por todos lados nos corretean (persiguen)», dijo Galindo a Efe.
Comentó que entre los migrantes varados en el río Bravo ahora existe temor de cruzar, ya que en Estados Unidos, la Guardia Nacional de Texas los devuelve violentamente, mientras que en México, los agentes del INM los enviarían de regreso a Chiapas en autobús y con las manos atadas.
Galindo también contó que muchos de ellos llevan más de cinco meses en Juárez, donde además de buscar recursos, tienen que enfrentar a la delincuencia organizada, recorriendo diariamente unos 10 kilómetros a lo largo de la frontera para encontrar un lugar por donde cruzar.
“Buscando la solución de entrar, pero ahora con eso de que tres veces he entrado y tres veces me han sacado (no sé). Pero gracias a Dios no me han mandado pa’ Tapachula, me sacan ahí mismo», manifestó.
Un reflejo de más restricciones
Lo que sucede en Ciudad Juárez refleja las crecientes restricciones en la frontera de Estados Unidos, donde el 9 de mayo, el gobierno de Joe Biden promulgó una norma que instruye a los agentes migratorios a prohibir que las personas consideradas un «riesgo para la seguridad pública o nacional» soliciten asilo.
Biden y el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, acordaron a finales de abril «trabajar juntos para implementar de inmediato medidas concretas con el fin de reducir significativamente los cruces fronterizos irregulares y al mismo tiempo proteger los derechos humanos».
En el primer trimestre de 2024, la migración irregular interceptada por el gobierno mexicano creció cerca de un 200% anual, alcanzando casi 360.000 personas.
José Luna Ochoa, migrante venezolano que se encuentra en el río Bravo esperando para cruzar, atribuyó los operativos a la coincidencia de las elecciones en Estados Unidos y México este año.
“Como vienen las elecciones, han endurecido más las leyes para los inmigrantes, para poder pasar para allá, nosotros vamos a cruzar como podamos de buena manera y con la voluntad de Dios”, afirmó.
Añadió que, además del clima, deben lidiar con la inseguridad en México, tanto por la persecución de las autoridades migratorias como por los secuestros del crimen organizado.
“Sí vale la pena, queremos darles a nuestros hijos un mejor futuro, ya que en nuestro país no hay educación, no hay seguridad, no hay salud, estamos en dictadura, un sueldo es de 7 dólares mensuales y 2 dólares vale un kilo de harina para hacer unas arepas”, explicó el migrante.
