ONG advierte sobre detenciones de venezolanos tras apertura de fronteras con Curazao
La Unión Panamericana y del Caribe por los Derechos Humanos (Pacuhr, por sus siglas en inglés) expresó a través de un comunicado su «profunda preocupación» por el impacto de las medidas tomadas por los gobiernos de Aruba y Curazao, especialmente en materia de deportación y detención de migrantes venezolanos.
«Nuestra preocupación se centra en la apertura de las fronteras de Aruba y Curazao con Venezuela y que esto pudiese generar aprehensiones masivas y expulsiones de venezolanos en situación migratoria irregular, constituyendo una inobservancia del ordenamiento jurídico internacional», señala Pacuhr, federación que dice agrupar a más de 89 organizaciones de la sociedad civil en las Américas, el Caribe y Europa.
La organización hizo referencia a una redada que ejecutó el gobierno de Curazao el viernes 14 de abril, y que concluyó con la detención de 18 mujeres. «No todas son venezolanas, pero seis de ellas, según comunicado de prensa, quedaron bajo privación de libertad para ser deportadas. En este sentido, reiteramos que se deben respetar las garantías jurídicas y brindar un tratamiento digno y justo a las mismas».
Pachur también señaló que la migración forzada no puede ser criminalizada, por lo que es fundamental que se asegure que cualquier persona en situación migratoria irregular sea tratada con dignidad y respeto, independientemente de su estatus. «Los migrantes venezolanos merecen un trato humano y justo, y deben tener acceso a servicios básicos, protección y atención médica adecuada».
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) estima que existen más de 7,13 millones de refugiados y migrantes venezolanos en el mundo. En Curazao y Aruba se calcula que residen 14 mil y 17 mil venezolanos, respectivamente. Estas cifras equivalen a casi 10% de la población de esas islas.
La plataforma humanitaria también solicitó a los Estados involucrados, incluido el Reino de los Países Bajos, a garantizar el debido proceso, estudiar cada caso de manera individual y respetar «el principio de no devolución, de conformidad con las obligaciones internacionales en materia de asilo, refugio y protección internacional»
El principio de no devolución hace referencia al derecho de una persona a no ser devuelta, expulsada o rechazada de un Estado hacia un territorio donde su vida, libertad e integridad física corran riesgos.
Con información de Crónicas del Caribe
