ONU aprueba extensión de Misión de Determinación de Hechos en Venezuela
Entre las organizaciones no gubernamentales venezolanas que demandaban la renovación de este trabajo de la Misión destacó Provea, Programa Venezolano en Educación de Derechos Humanos.
En su cuenta de la red social X escribió que “La Misión de la ONU sobre #Venezuela investiga graves violaciones a los derechos humanos. Su trabajo ha sido clave para denunciar cadenas de mando, el control judicial, centros de tortura, Arco Minero y más. Su mandato es más necesario que nunca porque la represión sigue. Tras las elecciones del 28J, unas 2400 personas fueron detenidas arbitrariamente (alardeado por el propio Nicolás Maduro), 25 personas fueron asesinadas en el contexto y unas 50 fueron víctimas de desapariciones forzadas. Sumado a masivas violaciones al debido proceso y el Estado de derecho. El gobierno ha intensificado la Operación Tun-Tun, una campaña de persecución masiva dirigida contra opositores, dirigentes sociales y manifestantes: Se han reportado allanamientos sin orden judicial, detenciones arbitrarias y actos de violencia y saqueo por parte de las fuerzas de seguridad. Todo esto sucede en un ambiente de terror generalizado contra la población”.
También, la ONG Acceso a la Justicia reflejó en su cuenta de X que es la primera vez que los votos a favor supera a los de las abstenciones y califican esto como una victoria de las víctimas
gobierno de Nicolás Maduro y señaló que más de 2.000 personas fueron detenidas tras las protestas en rechazo a los resultados electorales.
Asimismo, la Misión puso en manifiesto las torturas físicas y psicológicas por motivos políticos hacia los detenidos.
Por su parte, y en respuesta a este informe, el Gobierno de Venezuela rechazó el informe presentado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, calificándolo de “vulgar y panfletario” y acusando a la organización de estar “cada vez más extraviada de sus funciones”.
En un comunicado, emitido el 20 de septiembre, el Gobierno señaló que el informe es producto de una misión “ilegítima, politizada e ideologizada” que fue creada por el “fracasado Grupo de Lima” con el objetivo de seguir órdenes de Estados Unidos.
Fuente: Radio Fe y Alegría
