PJ exige publicar lista de presos políticos liberados y de quienes siguen recluidos
El partido opositor Primero Justicia (PJ) exigió este miércoles la publicación de la lista de presos políticos liberados, así como de quienes aún permanecen detenidos, tras denunciar que en los últimos días se han rechazado un “número importante de solicitudes de amnistía”.
En un mensaje en X, la organización indicó que hace seguimiento a las declaraciones del diputado Jorge Arreaza, quien preside la comisión encargada del seguimiento de la aplicación de la ley, así como a las denuncias de “cientos de víctimas que no han logrado obtener su libertad plena”.
“Exigimos la publicación de la lista de los liberados y de quienes aún están recluidos, libertad incondicional para cada preso político y que cesen inmediatamente las exclusiones a civiles y militares injustamente detenidos”, expresó.
El pronunciamiento se produce luego de que la ONG Provea denunciara que tribunales penales negaron la amnistía a seis dirigentes sindicales condenados en 2022 a 16 años de prisión por los delitos de “conspiración y asociación para delinquir”.
Según la organización, los trabajadores Reynaldo Cortés, Alcides Bracho, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Alonso Meléndez y Néstor Astudillo fueron detenidos en 2022 y excarcelados en diciembre de 2023, pero continúan bajo medidas cautelares que “restringen su movilidad y el ejercicio pleno de sus derechos”.
Provea advirtió que esta decisión evidencia una aplicación “selectiva” de la Ley de Amnistía, aprobada el 19 de febrero, y exigió que se otorgue este beneficio de forma plena a los sindicalistas y a todas las personas que considera “perseguidas injustamente”.
En los últimos días también se han registrado negativas a solicitudes de amnistía de opositores y periodistas, entre ellos Henry Alviarez, Perkins Rocha, Nakary Mena Ramos y Gianni González.
De acuerdo con los afectados, pese a cumplir con los plazos establecidos, sus solicitudes han sido rechazadas por supuestos “errores de interpretación de los tribunales” o por su inclusión en los criterios de exclusión contemplados en la normativa
La ley establece beneficios para personas vinculadas a conflictos políticos desde 2002 hasta procesos recientes, incluyendo manifestaciones y hechos relacionados con elecciones, y prevé la extinción de acciones penales, disciplinarias o civiles, así como de medidas de coerción personal, salvo en casos de delitos graves como homicidio, violaciones de derechos humanos o delitos de guerra.
Información de El Cooperante
