PROVEA denunció desaparición forzada y detención arbitraria de funcionario del CNE
Provea recibió la denuncia sobre la presunta desaparición forzada y detención arbitraria del funcionario del Consejo Nacional Electoral (CNE), Albert Martín Maíz Nadales, a manos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Según familiares, el 27 de noviembre de 2024, fue citado a una reunión en la sede del CNE en Caracas, donde ejercía funciones como director de la Oficina Nacional de Supervisión del Registro Civil e Identificación. Desde entonces, su familia ha perdido todo contacto con él. Han pasado ya cuatro meses sin noticias certeras sobre su paradero.
Su hija, Bianggi Maíz, dijo que fue trasladado por funcionarios del DGCIM. Días después, lograron confirmar su detención en la sede de Boleíta y les permitieron entregarle medicamentos esenciales, dado que es paciente bariátrico, hipertenso y presenta tensión ocular.
Sin embargo, el 16 de diciembre, al intentar visitarlo nuevamente, fueron informados de que el funcionario del CNE ya no se encontraba en el lugar. Desde entonces, su familia ha recorrido múltiples centros de reclusión sin obtener información sobre su paradero. En el penal Rodeo I, incluso les impidieron realizar preguntas al respecto.
Sin derecho a la salud
El 20 de marzo, de manera extraoficial, se enteraron de que Maíz Nadales había sido presentado ante el Tribunal 2.º de Terrorismo y acusado de traición a la patria, terrorismo, conspiración y asociación para delinquir. Se le negó el derecho a designar un abogado privado y su defensor público asignado no ha brindado información alguna a su familia. También se les ha impedido establecer contacto con él o hacerle llegar sus medicamentos, lo que pone en grave riesgo su salud.
Provea recuerda que la desaparición forzada está prohibida por la Constitución de Venezuela. Ninguna autoridad, sea civil o militar, incluso en estados de emergencia, puede practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas (artículo 45 de la CRBV). Además, el artículo 44 garantiza el derecho de toda persona detenida a comunicarse con su familia, designar un abogado de confianza y conocer las razones de su detención.
Los familiares del funcionario del CNE han introducido demandas ante el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y un recurso de Habeas Corpus ante el Tribunal Supremo de Justicia, sin recibir respuesta alguna.
Ante esta situación, Provea exige la liberación inmediata de Albert Martín Maíz Nadales, el respeto a su debido proceso y el acceso a tratamiento médico adecuado. Así mismo, instamos a las autoridades a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y la transparencia en los procedimientos judiciales.
Información de El Carabobeño
