Proyecto de Ley de Cooperación Internacional vuelve a avivar temor en las ONG de una persecución por parte del Gobierno
El pasado 4 de mayo un grupo de diputados informó a través de las redes sociales que en la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional (AN) ya habían iniciado las discusiones sobre unos de los proyectos de ley más controversiales del actual período: la Ley de Cooperación Internacional, la cual en numerosas ocasiones se señaló como un instrumento para atacar a las ONG.
Aunque su nombre no lo indica, este proyecto de Ley, que ha sido un objetivo del oficialismo durante los años 2006, 2010, 2015 y 2021, podría representar una amenaza para el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales en Venezuela (ONG).
A pesar que el proyecto de ley nunca ha sido presentado formalmente en una sesión ordinaria del Parlamento, los distintos borradores que han circulado en los años reflejan que el instrumento crearía no solo mecanismos de control para las ONG, sino además un marco legal en el que éstas podrían quedar sin financiamiento externo o inclusive suspendidas si desde el Ejecutivo se considera que en sus acciones han colaborado para la imposición de “medidas coercitivas unilaterales” contra el país.
Dicho de otra forma, las propuestas que se han conocido buscan desde regular el funcionamiento y el financiamiento de las ONG, hasta procurar su desaparición o inhabilitación si éstas han generado informes que se hayan traducido en sanciones para el chavismo.
Nicaragua como referente y el fin de las ONG
Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, declaró a Crónica.Uno sobre este proyecto de Ley que actualmente se discute en el Parlamento, y dijo que a su juicio, lo que se observa en el documento es la intención de generar obstáculos y divisiones para las ONG en el país.
«Creemos que lo que se intenta es promover obstáculos para nuestro trabajo y al mismo tiempo generar divisiones y fragmentaciones entre movimientos de derechos humanos y la sociedad civil porque mientras el gobierno de Nicolás Maduro tiende puentes con algunos sectores, avanza con este tipo de medidas contra otros”, señaló.
Uzcátegui trazó un paralelismo entre la Ley de Cooperación Internacional, el gobierno de Nicolás Maduro, y el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, pues dijo que en el país centroamericano las organizaciones que defienden derechos humanos han sido virtualmente ilegalizadas usando una ley similar.
“Si la ley se aprueba, sin dudas es el fin de las ONG, ya que en el proyecto de ley hay artículos que, como pasa con la Ley del Odio, va a ser usada de forma arbitraria, eso en primer lugar, pero también en segundo lugar ese fondo común para las ONG que se busca crear, creemos que va a ser usado para redireccionar los fondos de forma discriminatoria”, alertó.
Uzcátegui también atacó los argumentos de “transparencia” mediante los cuales se pretendió justificar la discusión de esta ley, señalando que las organizaciones que defienden derechos humanos en Venezuela ya están sometidas a una serie de procedimientos de esta naturaleza.
«Todas las organizaciones tenemos un registro, pagamos impuestos y hay varias auditorías que ya existen desde el Seniat hasta otras contralorías que hacen las autoridades, y que saben cuál es el origen y la naturaleza de nuestras funciones. Además las ONG tienen auditorías propias sobre cómo se manejan los recursos, en el caso nuestro (Provea) son auditorías públicas además que están en nuestro sitio web”, explicó.
El activista por los derechos humanos además destacó que, ante la duda de cuál era el verdadero objetivo de la ley, solo era necesario repasar la postura del Ejecutivo contra las ONG en el pasado para tener una visión clara de lo que se pretende hacer.
“Van a decir que hay registros en todo el mundo y que se debe actuar de forma transparente, mientras de forma paralela el gobierno tiene una campaña permanente de descrédito contra las ONG. Por ejemplo, en el caso de Provea, hay una página (web) llamada Misión Verdad que tiene 43 artículos sobre el financiamiento de la fundación Open Society de George Soros a Provea, hay una campaña de criminalización abierta solo por vincularse a este tipo de organizaciones internacionales”, puntualizó.
Timoteo Zambrano calificó alertas como “una leyenda negra”
El diputado a la AN y presidente de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración, Timoteo Zambrano (Cambiemos), negó a Crónica.Uno que el objetivo de la ley sea la desaparición de las ONG, dijo que se trataba de una “leyenda negra” que se ha “montado alrededor del proyecto”.
«El proyecto de ley lo recibimos al llegar a la comisión, ya estaba, y apenas estamos empezando a discutirlo, es un proyecto al que le falta mucho camino por recorrer y que seguramente experimentará muchos cambios al momento de que sea llevado a la cámara. No quiero adelantar nada, pero el objetivo de la ley es buscar la transparencia en la cooperación internacional, nada más”, dijo.
Zambrano añadió que la ley será ampliamente consultada y que se buscará la opinión de “Raimundo y todo el mundo” para su elaboración definitiva. Además, dijo no saber nada sobre el proyecto de ley que ha circulado en medios de comunicación desde el 4 de mayo.
“Hay muchos documentos falsos sobre la ley que han sacado que no tienen nada que ver. Nosotros no vamos a ceder ante ningún tipo de presión”, afirmó.
Al preguntársele sobre un marco de tiempo para la promulgación de la ley, el parlamentario insistió que todavía quedan por llevar a cabo muchas consultas y revisiones por lo que no es “posible” dar una fecha estimada de cuándo se llevaría a la plenaria.
«Imagínate, esta ley era una prioridad para el año 2021, estamos a la mitad del 2022 y todavía no hemos presentado el proyecto. No tenemos ninguna prisa, lo que sí tenemos claro es que queremos presentar el proyecto antes del fin de esta legislación”, sentenció.
