En un comunicado, el ente declaró que esta “agresión extremista busca privar al pueblo venezolano del servicio eléctrico, como parte de una estrategia fascista destinada a desestabilizar la paz y la unión nacional, (la) que prevalecerá ante las amenazas externas”.

Tal como lo ha denunciado el presidente de la República, Nicolás Maduro, “estos ataques constituyen una manifestación de la guerra eléctrica promovida por grupos que operan al servicio de intereses oscuros y agendas desestabilizadoras”, indicó.

Afirmó que el objetivo es claro: “quebrantar la armonía nacional en un escenario en el cual el imperio norteamericano amenaza la soberanía con una escalada bélica y psicológica”.

La Corpoelec dio a conocer en el texto que activó de inmediato los mecanismos de protección y respuesta, garantizando tanto la recuperación progresiva del servicio como la integridad de la infraestructura eléctrica.

De acuerdo con un reporte de la Corpoelec, el miércoles pasado se registró un ataque contra dos líneas de transmisión de 230 kV, en un acto calificado como un sabotaje.

Información de Cactus24

«Hay un golpe en fragrancia (sic) y hay que investigarlo y solicitarle a la justicia de los EEUU que investigue», manifestó Petro en una extensa publicación en su cuenta de X.

«Hemos radicado nuestra denuncia (…) para que se reconozca como víctima al señor presidente de la República por esos delitos de conspirar para que se diera una sedición, es decir, para tratar de interrumpir el hilo constitucional y hacer que el presidente Petro saliera de unas formas anómalas», declaró a la prensa, por su parte, el abogado del mandatario, Alejandro Carranza.

Petro, que asumió la Presidencia en 2022, ha denunciado en varias ocasiones supuestos atentados en su contra, y esta vez agregó: «La veces que me han querido matar me ha ayudado el gobierno anterior de los EE.UU.», en referencia al del demócrata Joe Biden.

El mandatario vincula la supuesta conspiración de Leyva con una serie de acontecimientos del país, como la investigación de los gastos de su campaña electoral, el proceso judicial por enriquecimiento ilícito contra su hijo Nicolás Petro Burgos, los ataques guerrilleros y de las mafias del narcotráfico en el suroeste, la oposición en el Congreso a sus reformas y hasta el asesinato en 2022 en Colombia del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.

Fuego amigo

Leyva, que fue el primer canciller de Petro, a quien ha denunciado en cartas públicas como una persona con problemas de adicción a las drogas, contactó a políticos republicanos de Estados Unidos para supuestamente derrocar a Petro, según reveló el domingo el diario español El País.

Como parte de ese supuesto plan, Leyva, un político conservador de 82 años, se reunió hace dos meses en EE.UU. con el congresista republicano Mario Díaz-Balart, en un intento por acercarse al secretario de Estado, Marco Rubio, y ejercer «presión internacional» contra Petro para poner en su lugar a la vicepresidenta, Francia Márquez.

«El golpe de estado parlamentario se le evapora a Leyva y su propia incapacidad, porque se denunció él mismo, con su propia voz, por su propia torpeza, porque el odio y la codicia, siempre enceguecen y siempre van contra la vida», añadió.

Leyva salió de la Cancillería a comienzos del año pasado, luego de que la Procuraduría (Ministerio Público) lo suspendiera debido a problemas con un contrato para la emisión de pasaportes.

Denuncia contra los partidos políticos

En su publicación, Petro se refiere también a «el intento sedicioso de los presidentes de nueve partidos, la mayoría pequeñísimos, que llamaron a desconocer al presidente, encabezados por el presidente del Congreso (el conservador Efraín Cepeda)», y dice que «debe ser investigado».

Petro alude así a una carta enviada por nueve partidos al procurador general, Gregorio Eljach, el pasado 9 de junio, dos días después del atentado contra el senador y precandidato presidencial opositor Miguel Uribe Turbay.

En esa carta, le piden a Eljach que active la Comisión Nacional de Vigilancia y Control Electoral «para garantizar la transparencia y seguridad» que exigen los partidos de oposición e independientes «frente a la hostilidad del Ejecutivo» de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.

«A la carta sediciosa de los nueve presidentes de partidos, se le respondió con la disciplina constitucional de la fuerza pública. La fuerza pública obedeció a su comandante y presidente de la república, al no asistir a esa reunión de tufillo golpista», agregó.

Según el mandatario, «el golpe de estado lo derrotó la movilización general del pueblo colombiano».

La Fiscalía de Colombia dijo que lleva a cabo una indagación sobre el supuesto plan de Leyva contra Petro «que permitirán establecer el alcance de los hechos denunciados y que se siguen denunciando y solicitando investigar».

Información de EFE

«Mientras Miguel se debate por la vida, el Gobierno habla de otros temas. Desde su seno nos invitan a buscar acuerdos para prevenir nuevas masacres. Y la inteligencia internacional me informa de la preparación de otro atentado en mi contra», escribió en su cuenta de X el exmandatario, que gobernó Colombia entre 2002 y 2010.

La declaración de Uribe agrega tensión al ya caldeado ambiente político tras el intento de asesinato de Miguel Uribe Turbay, senador de su partido, Centro Democrático, y uno de los principales precandidatos presidenciales para 2026.

Víctima de varios atentados

Uribe ha sufrido varios atentados a lo largo de su vida pública y es una de las figuras más custodiadas de Colombia, con un robusto esquema de seguridad que incluye decenas de guardaespaldas.

Uno de los atentados más graves lo sufrió el 14 de abril de 2002 en Barranquilla cuando siendo candidato presidencial, un bus bomba explotó al paso de su vehículo blindado.

Uribe salió ileso, pero el ataque, atribuido a la columna Teófilo Forero de la guerrilla de las FARC, dejó cuatro muertos y 22 heridos.

Ese mismo año, el 7 de agosto, durante su posesión presidencial, la misma guerrilla lanzó proyectiles contra la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, y detonó explosivos en barrios cercanos al centro de Bogotá, causando 14 muertos y 59 heridos.

Tres años después, el 22 de abril de 2005, las autoridades frustraron otro atentado al desactivar a última hora una gran cantidad de explosivos que estaban escondidos en una casa cercana a la cabecera de la pista del aeropuerto de Neiva (sur), para ser detonados durante el aterrizaje del mandatario.

El expresidente no dio detalles sobre la supuesta alerta que recibió del posible atentado ni sobre su origen, pero su denuncia coincide con un llamado de distintos sectores políticos al Gobierno para reforzar las garantías para el ejercicio democrático.

Información de ALN

,»Jorge Olavarría y yo, Magalli Meda, denunciamos que en estos momentos, mientras Cabello miente sobre supuestas negociaciones para nuestra salida, su brazo represor violenta nuestro hogar en Caracas”, escribieron en la red social X.

Según la denuncia, las imágenes del presunto allanamiento fueron captadas de manera remota y compartidas públicamente como evidencia de la irrupción.

El mensaje fue publicado pocos minutos después de que Cabello se refiriera públicamente a Meda, insinuando que habría «negociado» su salida del país desde la embajada de Argentina en Caracas, donde se encontraba refugiada desde hace más de un año, junto a otros cuatro opositores: Pedro Urruchurtu, Claudia Macero, Humberto Villalobos y Omar González —todos miembros del equipo político de María Corina Machado.

Cabello afirmó que al momento de la salida solo se encontraban cuatro personas, ya que, según él, «desde el 20 de agosto solo quedaban cuatro. Claudia Macero ya se habría ido por su cuenta».

Durante su programa Con el Mazo Dando, se burló de la versión opositora que presentó la operación como una acción secreta. “Eso fue una negociación. El que diga que no, es porque lo dejaron por fuera”, dijo.

También afirmó que la madre de María Corina Machado salió del país como parte del acuerdo. “Corina Parisca se fue porque la Sayona no la quería tener más. Hasta el contacto lo hicimos nosotros”, declaró.

Finalmente, acusó a la oposición de ocultar las negociaciones detrás de discursos heroicos. “Siempre terminan negociando, como Leopoldo López, siempre por sus intereses”, dijo.

Información de El Cooperante

Destacó que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se refugia en Miami, lo cual calificó como un acto de burla y desprecio hacia la ciudadanía ecuatoriana. Argumentó que esta actitud refleja una desconexión de Noboa con los graves problemas económicos y sociales que enfrenta Ecuador, mientras el país se encuentra sumido en desafíos relacionados con la delincuencia y la economía.

El jefe de Estado comentó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador se negó rotundamente a realizar un reconteo de votos, al ignorar las demandas de la sociedad civil y los llamados de organismos internacionales para garantizar transparencia en el proceso.

Resaltó que el CNE ecuatoriano dio un portazo a las solicitudes de revisión legal y constitucional, luego de cerrar cualquier posibilidad de despejar las dudas sobre los resultados del evento comicial y catalogó el proceso como “plagado de fraude, crimen, suciedad, amenaza, violencia, represión y narcotráfico”.

Información de Cactus24

«En una acción coordinada por los comanditos del fascismo desquiciado, varias sedes de nuestros consulados han sido atacadas por extremistas que hacen el mismo daño a nuestras sedes diplomáticas que quieren hacerle a nuestra amada patria bolivariana», dijo el titular de Exteriores, Yván Gil, en Telegram.

Asimismo, exigió a las autoridades de Portugal, Alemania, Colombia, España y Costa Rica celeridad en las investigaciones para dar con los responsables y que se garantice la integridad de estas instalaciones, «como lo establece la Convención de Viena».

«El odio fascista inoculado, estimulado y protegido por años en el exterior, es la principal causa de estas agresiones», señaló Gil, quien compartió imágenes donde se ven pintadas en una bandera, en diversas fachadas de las sedes consulares, así como una imagen de González Urrutia con una banda presidencial.

El sábado, el funcionario denunció un ataque con «bombas incendiarias» contra la sede del consulado general en Lisboa, al tiempo que agradeció a las autoridades portuguesas por su «rápida intervención».

Estos ataques se han dado luego de que el líder chavista, Nicolás Maduro, jurara el viernes como mandatario para un tercer sexenio, tras su controvertida reelección el 28 de julio proclamada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) -controlado por el chavismo- que todavía no publica los resultados desglosados de las votaciones, contrario a lo establecido en su cronograma oficial.

Entretanto, la mayor coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- acusó a Maduro de consumar un «golpe de Estado», al asegurar que González Urrutia fue el vencedor de las elecciones, un reclamo que basa en el «85 % de las actas electorales» que asegura haber reunido gracias a testigos y miembros de mesa, y que publicó en una página web.

La toma de posesión de Maduro también ha sido rechazada por buena parte de la comunidad internacional, incluyendo a la Unión Europea (UE), que afirmó el viernes que carece de «legitimidad» de un mandatario «democráticamente elegido».

Información de ALN

Familiares del fallecido confirmaron a la ONG su deceso en la cárcel de Tocuyito, estado Carabobo, donde también murió Jesús Rafael Álvarez; cuyo cuerpo fue sepultado el día 15 de diciembre con un avanzado estado de descomposición.

Sobre el caso de González Pérez, el OVP recordó que fue detenido junto a su hijo de 19 años de edad y enviados al mencionado centro de reclusión. Todavía el joven está privado de libertad.

El hombre presentó los primeros días de reclusión arbitraria síntomas de depresión. Luego, en los primeros días de diciembre, tuvo que ser hospitalizado por tener un fuerte dolor en la zona abdominal que parecía una hepatitis y no un cólico nefrítico, como dijeron las autoridades.

Con el deceso de Osgual González, son tres los presos políticos -en el contexto de las protestas poselectorales- que mueren en custodia, siendo el primero Jesús Manuel Martínez en Anzoátegui, quien sufría de diabetes y otras complicaciones.

Previamente, el Comité por la Libertad de Presos Políticos informó que entraron ambulancias al penal de Tocuyito tras difundirse la información sobre una persona fallecida; de la que se desconocía la identidad en ese momento.

El diario El Carabobeño informó el 11 de diciembre que a Osgual González no le daban acceso a la atención médica especializada, ya que presentaba síntomas como piel amarilla, labios morados, abdomen inflamado y fuertes dolores que no era coincidente con el diagnóstico de cólico nefrítico de los médicos en Tocuyito.

Los familiares entonces pedían que se le hiciera un eco abdominal. Un familiar dijo al medio que le habían dado pastillas para atenuar el dolor, pero que tuvo un efecto contrario; que salió a comprar más medicinas y le referían que seguía con malestar, por lo que empezaron a cuestionar lo diagnosticado.

Según su familia, el repentino aislamiento de Osgual y los nueve días hospitalizado podrían indicar que el verdadero diagnóstico era Hepatitis A  y en ese momento pedían hablar con el director de Tocuyito, pero no hubo respuesta.

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), sacaron de su casa en Barquisimeto, estado Lara, a Osgual y su hijo el 1° de agosto.

Información de Tal Cual

A través de X, VV sostuvo que no hay «ningún tipo» de información sobre Edgar Sarabia y Álvaro Mora.

«La política sistemática de represión y persecución sigue incrementando», señaló.

El partido político exigió el «cese de las violaciones a los derechos humanos y la libertad de todos los presos políticos».

Se desconoce el paradero del exconcejal Jesús Armas

Este miércoles, la familia del activista y exconcejal de Caracas Jesús Armas, detenido el martes en la capital de Venezuela, exigió al Estado información sobre su paradero y que se le libere de manera «plena e inmediata».

La pareja, Sairam Rivas, acompañada por los padres del activista, aseguró que no saben «absolutamente nada» de su paradero desde las 21:00 hora local (01:00 GMT) del jueves, luego de que, según testimonios citados por la mujer, le sacaran «de forma abrupta» de un café en una zona de Caracas e ingresaran «por la fuerza en una camioneta».

Rivas teme que a su pareja se le vincule con una «nueva trama del régimen» que «inventa supuestos atentados y supuestas conspiraciones» con el fin de «perseguir a los defensores de derechos humanos, a los luchadores sociales y a los activistas políticos».

Detenido en Zulia sin justificación

Entretanto, la Alcaldía de Cabimas, en el estado Zulia (noroeste), denunció este miércoles que su titular, el opositor Nabil Maalouf, quedó detenido la tarde del martes en su residencia por policías «sin ninguna explicación ni justificación».

A través de un comunicado, el ayuntamiento aseguró que «todos y cada uno de los requisitos» para la liberación del funcionario se «han consignado», a la vez que dijo tener sus puertas abiertas para que el Ministerio Público (MP, Fiscalía) «realice las investigaciones que considere pertinentes».

Maalouf es el segundo alcalde opositor del Zulia detenido en los últimos meses, luego de Rafael Ramírez Colina, exjefe de la Alcaldía de Maracaibo -capital de esta región fronteriza con Colombia-, quien fue aprehendido el 1 de octubre, junto con otros hoy exfuncionarios del municipio, por una supuesta trama de corrupción.

Información de El Carabobeño

Pappier compartió además una imagen de la fotocopia de cédula de Sahagún, si bien no ofrece mayores datos sobre esta ciudadana, reporta Efecto Cocuyo.

El exdirector de HRW, José Miguel Vivanco, calificó el caso como “gravísimo” y exigió explicaciones al gobierno de Nicolás Maduro. “Las democracias de la región deben presionar a Maduro para su liberación incondicional”, publicó Vivanco en X.

Por su parte, Ligia Bolívar, experta en derechos humanos, también se sumó a los llamados para esclarecer el paradero de Sahagún Ortiz, instando a las autoridades a responder por la desaparición.

Este caso se suma a la detención, el pasado 9 de febrero, de la activista de derechos humanos, Rocío San Miguel, también con nacionalidades española y venezolana, a quien acusan de conspiración, terrorismo y otros delitos.

También dos ciudadanos españoles, José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme, fueron detenidos en Venezuela el pasado septiembre, bajo la acusación de terrorismo, en relación con un presunto complot para perpetrar un atentado contra Maduro y funcionarios de su gobierno, además de supuesta introducción de armas al país.

Información de Versión Final

Durante su intervención, el embajador argentino Mario Javier Oyarzábal, llamó a la Corte Penal Internacional (CPI) a «actuar con determinación» ante los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

“La situación en Venezuela exige una atención inmediata. Lamentamos profundamente la falta de avances sustantivos en las investigaciones que adelanta la Fiscalía”, manifestó Oyarzábal.

El representante detalló que la misión diplomática ha sido objeto de asedio por fuerzas policiales y actores armados no identificados, en represalia por haber asilado a personas cuya integridad estaba en riesgo por razones políticas.

Según explicó el diplomático, Brasil asumió la protección de la sede y de los asilados allí presentes, pero, enfatizó que es “imperativo” que se respete la inviolabilidad de las misiones y se otorguen salvoconductos para garantizar la salida segura de los refugiados.

El diplomático argentino subrayó que, tras las elecciones del 28 de julio, la situación en Venezuela ha empeorado significativamente. “Venezuela no puede considerarse un Estado de derecho (…) Las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y las violaciones graves de derechos fundamentales requieren investigaciones rigurosas e integrales que estén a la altura de las expectativas de justicia internacional”, afirmó.

“Exhortamos a la CPI a actuar con determinación para asegurar que los responsables de estos crímenes sean llevados ante la justicia. La impunidad no solo perpetúa el sufrimiento de las víctimas, sino que también erosiona los fundamentos del orden jurídico internacional”, concluyó Oyarzábal.

Información de El Pitazo