Venezuela rechaza pronunciamiento de Caricom sobre disputa territorial con Guyana
El Gobierno de Venezuela rechazó este viernes el pronunciamiento emitido por la Comunidad del Caribe (Caricom), en el marco de la reunión número 27 del Consejo de Relaciones Exteriores y Comunitarias (Cofcor) del organismo, por considerar que pretende generar una matriz de opinión “maliciosa” contra el país sudamericano.
“Venezuela rechaza el comunicado emitido por Caricom de fecha 29 de mayo de 2024 (…), en particular lo relativo a la Controversia Guyana-Venezuela, el cual pretende aupar la matriz maliciosa y tergiversada de presentar a Venezuela como una nación agresora”, indicó el Gobierno mediante un comunicado difundido en la cuenta X del canciller, Yván Gil.
En el referido documento, los países miembros del Caricom señalaron “que a pesar de la Orden de Medidas Provisionales del 1 de diciembre de 2023 emitida por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la Declaración Conjunta de Argyle (…), acordada por las partes el 14 de diciembre de 2023, con un importante apoyo regional, Venezuela continuó su postura agresiva hacia Guyana”.
El organismo caribeño indicó que los ministros también tomaron nota de las preocupaciones de Guyana por el continuo fortalecimiento militar de Venezuela en la frontera entre los dos países.
Al respecto, Caracas lamentó lo que consideró como una postura “parcializada” de la Caricom y recordó al organismo “las continuas acciones belicistas” propiciadas por Guyana, “al forjar alianzas con entes militares y de inteligencia como el Comando Sur y la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos”.
Venezuela señaló que estas acciones no solo apuntan “a la preparación de una agresión contra nuestro país, sino que constituyen una “flagrante violación” a los acuerdos establecidos en la Declaración Conjunta de Argyle, suscrita en San Vicente y las Granadinas, el 14 de diciembre de 2023, en la cual se acordó entre otras cosas, que ambos países no se amenazarían o usarían la fuerza el uno contra el otro”.
En el texto, la administración de Nicolás Maduro denunció que el “historial de visitas a Guyana de altos funcionarios estadounidenses especializados en áreas tanto militar, como de seguridad e inteligencia, es una tendencia que se ha profundizado en los últimos meses”.
En dichas visitas se han hecho declaraciones injerencistas y se han formulado amenazas contra Venezuela, lo cual es una evidencia contundente de los peligros que desde la maquinaria de guerra estadounidense se ciernen sobre la región caribeña, con la anuencia del Gobierno de Guyana”, añadió el documento.
El Gobierno manifestó que al Georgetown ceder su soberanía a “la potencia norteamericana y a la voraz apetencia de la Exxon Mobil, lamentablemente promueve la inestabilidad regional”.
Asimismo, Venezuela reiteró su denuncia sobre las licencias que “ha otorgado y continúa otorgando en espacios marítimos pendientes de delimitación” con su país.
Ante ello, Caracas instó a su vecino “a no desviarse por los derroteros de la confrontación y a cumplir con la única vía posible para la solución práctica y satisfactoria de la controversia sobre la Guayana Esequiba, que no es otra que proceso de diálogo directo, establecido en el Acuerdo de Ginebra de 1966, único instrumento vinculante para ambas partes”.
Las tensiones entre Caracas y Georgetown aumentaron después que Guyana recibiera ofertas por ocho de los 14 bloques petrolíferos que salieron a licitación en diciembre de 2022, y entre las que se encuentra la empresa ExxonMobil.
Situación que Venezuela consideró como una confabulación de EE. UU. con la ExxonMobil para despojar al país de sus derechos sobre el territorio.
Desde hace más de 100 años Venezuela y Guyana mantienen un diferendo sobre la soberanía de la Región del Esequibo, que abarca unos 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo y posee grandes reservas de petróleo.
En 1966, ambas naciones firmaron un acuerdo para buscar una solución pacífica a esta disputa, pero Guyana introdujo en 2018 una demanda ante la Corte Internacional de Justicia en la que pide al tribunal validar legalmente el laudo arbitral de 1899 que le da control absoluto sobre el territorio.
Con información VF
