Viaje a la fosa de la devastación del Arco Minero del Orinoco
Deforestación acelerada, ríos contaminados, explosión demográfica, invasión de territorios indígenas, colapso de los servicios, aumento de la pobreza, y consolidación del control de las minas por parte de los grupos armados conforman la estampa del megaproyecto de minería promovido desde 2016 por la administración de Nicolás Maduro tras la pandemia del Covid-19. Presentamos una nueva investigación sobre la explotación de oro en Venezuela de Runrunes y Correo del Caroní con apoyo de Transparencia Venezuela.
La pandemia del Covid-19 no detuvo la destrucción del Arco Minero del Orinoco, sino que la profundizó. Bosques talados, ríos contaminados, invasiones de territorios indígenas, instalación de plantas industriales y aparición de viviendas y comercios precarios a la orilla de la carretera conforman el nuevo paisaje que atraviesa la Troncal 10, la principal arteria vial que comunica los municipios mineros al sur del estado Bolívar.
En un recorrido de 850 kilómetros por cuatro municipios mineros del estado Bolívar, el equipo de Runrunes y Correo del Caroní constató en directo el impacto ambiental, social y cultural de la actividad aurífera en la región. La señal más visible del avance del megaproyecto de minería decretado por Nicolás Maduro en 2016 y que ocupa casi 12% del territorio nacional, es la aparición de misteriosas empresas, molinos artesanales y plantas industriales de cianuración para el procesamiento de oro cuyo desempeño productivo se mantiene bajo secreto oficial.
De las 41 empresas que participan en la explotación del oro en el Arco Minero identificadas durante el recorrido, la dirección de los dos mayores complejos industriales ha sido vinculada con la familia presidencial o funcionarios públicos; de 75% se desconoce el proceso de contratación pública, apenas seis aparecen inscritas y habilitadas para contratar con el Estado. No hay certeza de cuántas se mantienen operativas y ninguna rinde cuenta pública de su desempeño productivo.
El conflicto entre las comunidades indígenas dentro del Arco Minero y las bandas criminales llamadas colectivos, sindicatos mineros o “el sistema” liderados por pranes, que han consolidado el control territorial de las minas con anuencia del Estado, es un estallido social latente. Una evidencia de esta disputa por la explotación de oro dentro del territorio indígena tuvo lugar la segunda semana de enero de 2022, cuando líderes locales decidieron trancar el paso durante 10 días por la Troncal 10, principal arteria vial del cinturón minero, lo que produjo problemas de abastecimiento. La tensión fue desmontada tras reuniones con las autoridades locales, gobierno regional y la Corporación Venezolana de Minería (CVM), ente coordinador de la gestión dentro del Arco Minero.
La fiebre del oro también ha reconfigurado la vida de las poblaciones mineras.
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