Provea denuncia que sobrevuelo de EE. UU. en Caracas es “flagrante cesión de soberanía” nacional
La ONG venezolana Provea expresó este domingo su preocupación por lo que considera una “flagrante cesión de soberanía territorial” por parte de la administración de Delcy Rodríguez, tras permitir el sobrevuelo de aeronaves y la incursión de tropas extranjeras en el país.
A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la organización señaló que estas acciones representan un “claro desacato” al artículo 187, numeral 11, de la Constitución venezolana, que establece la competencia de la Asamblea Nacional en autorizar el ingreso de misiones militares extranjeras al territorio nacional.
Provea sostuvo que la situación ocurre en medio de un contexto marcado por protestas ciudadanas relacionadas con fallas en los servicios públicos, así como reclamos por mejoras salariales y pensiones dignas. Según la ONG, varias de estas manifestaciones habrían sido contenidas por cuerpos policiales, limitando el ejercicio del derecho a la protesta pacífica contemplado en el artículo 68 de la Constitución.
La organización también alertó sobre lo que describió como el riesgo de consolidación de una “tecnocracia autoritaria”, enfocada en favorecer intereses económicos extranjeros por encima de las demandas sociales y democráticas de la población venezolana.
En ese sentido, recordó que, tras los acontecimientos ocurridos el pasado 3 de enero —calificados por Provea como una “grave violación del derecho internacional”—, las autoridades venezolanas habrían priorizado acuerdos energéticos y compromisos bilaterales con Estados Unidos y empresas transnacionales.
Asimismo, cuestionó la rapidez con la que fueron aprobadas reformas vinculadas a las leyes de Hidrocarburos y Minas en la Asamblea Nacional, frente a lo que considera una falta de atención a temas como la liberación de presos por razones políticas, el salario de los trabajadores y la seguridad social.
Provea aseguró que el “andamiaje jurídico represivo” continúa vigente en el país y denunció presuntos abusos cometidos por organismos de seguridad bajo un sistema judicial que calificó como “cooptado”, lo que —afirmó— favorece la impunidad y la ausencia de rendición de cuentas.
La ONG reiteró que cualquier proceso de liberalización económica debe ir acompañado de garantías democráticas, transparencia y respeto a los derechos humanos.
El nuevo momento político anunciado por las actuales autoridades no puede dejar de lado las necesidades de las grandes mayorías”, insistió la organización en su pronunciamiento.
Información de EFE
