Provea exige al MP y la Defensoría actuar ante la situación en el Internado Judicial de Barinas
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) pidió este domingo al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo actuar “de manera inmediata” ante la situación registrada en el Internado Judicial de Barinas.
En una publicación de X, la organización expresó su “preocupación” por lo que ocurre dentro del recinto penitenciario y solicitó a ambos organismos tomar medidas para “resguardar la vida y la integridad” de las personas privadas de libertad, en cumplimiento de las Reglas Mandela de Naciones Unidas y de la Constitución venezolana.
Provea recordó además que tanto el Ministerio Público como la Defensoría “deben ser los principales garantes del efectivo cumplimiento” de la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Asimismo, aseguró que en sus informes anuales ha documentado de forma reiterada presuntos casos de “tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes».
“Solo en 2025 registramos 634 casos de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes ocurridos en las cárceles del país”, indicó la organización al cierre de su pronunciamiento.
En contexto
Más temprano, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que internos del Internado Judicial de Barinas tomaron las instalaciones del penal como medida de protesta por presuntas “golpizas” y “requisas violentas”.
En publicaciones difundidas en X, la organización indicó que los reclusos denunciaron que hace una semana fue designado Elvis Macuare Guerrero como director del penal y que, desde entonces, presuntamente han sido sometidos a “requisas violentas, durante las cuales les destruyen sus pertenencias dentro de las celdas”. Asimismo, aseguraron haber sido “víctimas de golpizas y torturas”.
De acuerdo con el OVP, los internos también denunciaron que más de 120 privados de libertad “permanecen castigados en una celda de aislamiento”. Además, alertaron que el director del penal presuntamente “estaría realizando disparos” hacia las torres del recinto penitenciario.
“Desde OVP hemos venido denunciando estas prácticas, así como la suspensión de visitas, los traslados inconsultos y los aislamientos prolongados dentro del recinto penitenciario”, expresó la organización.
La ONG sostuvo que esta situación “pudo haberse evitado” si la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público “hubiesen cumplido con sus funciones”, tal como —aseguró— han exigido reiteradamente.“Instamos a estos funcionarios a salir de sus oficinas y dirigirse de inmediato a Injuba para garantizar los derechos y la vida de las personas privadas de libertad”, añadió.
También responsabilizó al ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, por “cualquier hecho que pueda ocurrir” dentro del Internado Judicial de Barinas.
Entre las exigencias de la población reclusa figura la destitución de Macuare Guerrero.
Finalmente, el OVP reportó que tras los hechos unos 1.200 hombres y más de 100 mujeres privadas de libertad del Internado Judicial de Barinas “se declararon en huelga”.
“¿Dónde están las autoridades de la Defensoría e incluso los jueces de ejecución?”, cuestionó la organización, que además aseguró que hasta el momento ningún representante del Ministerio Público o de la Defensoría se había presentado en el penal.
“Desde nuestra organización seguiremos documentando estos hechos, que mantienen en zozobra a los familiares de los privados de libertad de Injuba”, sentenció.
Información de El Cooperante
