Central Azucarera de El Batey emite un comunicado a la población sucrense
El Complejo Agroindustrial Azucarero Venezuela ha emitido un comunicado oficial en el que rechaza categóricamente las acusaciones falsas e infundadas hechas por miembros activos del Sindicato y el CPTT, así como por personas que ya no pertenecen a la empresa.
En particular, se contradice lo argumentado por Jefferson Solarte en una videograbación en la que afirmaba que la empresa llevaba dos años cerrada sin trabajar, ya que el día de hoy fue declarado no laborable por las autoridades municipales.
Además, Solarte estuvo incurso en hechos de violencia en 2022 y fue objeto de un procedimiento de calificación de falta y autorización para despedir, lo cual fue declarado con lugar. Por lo tanto, este ciudadano no tiene cualidad ni como trabajador ni como representante sindical.
En cuanto a las prestaciones sociales de los trabajadores, se rechaza y contradice lo argumentado por Solarte de que la gran mayoría de los trabajadores fueron liquidados desde enero y a la fecha no les han cancelado sus prestaciones sociales. De los 862 trabajadores que tenía el central para el inicio del presente año, 213 fueron objeto de supresión de cargo en enero y les fueron canceladas sus prestaciones sociales el 30 de marzo de 2023; 203 fueron objeto de supresión de cargo en abril y les fueron canceladas sus prestaciones sociales el 29 de junio de 2023; 165 fueron objeto de supresión de cargo en julio y les fueron canceladas sus prestaciones sociales el 30 de agosto de 2023; 28 fueron objeto de supresión de cargo en agosto y les fueron canceladas sus prestaciones sociales el 30 de septiembre de 2023; y 14 fueron objeto de supresión de cargo y están es en espera del pago de su liquidación de prestaciones sociales.
El Complejo Agroindustrial Azucarero Venezuela, integrado por las Empresas del Estado C.A. Central Venezuela y Agrícola Torondoy, C.A., se encuentra en proceso de intervención, liquidación y supresión desde el 10 de octubre de 2013, según Decreto Presidencial 474. La empresa está obligada a acatar la orden presidencial hasta que se emita por Decreto Presidencial la cesación del proceso de liquidación que se lleva a cabo o en su defecto la derogación del Decreto Presidencial 474. El proceso de supresión se ha cumplido por etapas, preservando en lo posible las condiciones de trabajadoras en estado de gravidez y trabajadores que tienen expedientes abiertos ante el INPSASEL por enfermedades ocupacionales.
En las nueve reuniones celebradas en la Mesa de Conciliación y Acuerdos se han acordado puntos específicos como considerar los conceptos devenidos de la Convención Colectiva Vigente y pagar las indemnizaciones calculadas por el INPSASEL a los trabajadores afectados.
La empresa ha realizado una selección rigurosa del personal a cuyo cargo se va a suprimir, estableciendo un orden de prioridades. Además, solicitó el apoyo para un operativo multidisciplinario a la Gerencia Regional de Salud de los Trabajadores (GERESAT) para cerrar los casos de investigaciones de accidente laboral e investigaciones sobre enfermedades ocupacionales.
En las reuniones celebradas en la Mesa de Conciliación y Acuerdos se han acordado puntos específicos como pagar las indemnizaciones correspondientes en los casos de fuero maternal y fuero paternal en trabajadores objeto de supresión.
La actitud del ciudadano Jefferson Solarte constituye un acto provocativo que atenta contra el correcto desarrollo de la mesa de conciliación y acuerdos, vulnerando con ello los acuerdos celebrados en beneficio de los trabajadores.
Se hace un llamado a los trabajadores con verdadera prestación de servicio y sentido de pertenencia para que no sean incautos ante esta desinformación orquestada por intereses económicos y políticos ajenos al bienestar laboral.
Se invita a continuar en la vía conciliatoria como único camino para lograr el relanzamiento empresarial con mejores beneficios para todos.
Nota de Prensa
