Clippve denuncia traslados «arbitrarios» de presos políticos desde El Rodeo I y exige explicaciones
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) alertó este miércoles sobre el traslado de un grupo de presos políticos recluidos en El Rodeo I, estado Miranda, hacia otro centro penitenciario cuyo destino aún no ha sido confirmado.
La organización denunció que varios autobuses ingresaron al penal durante la tarde de este 2 de septiembre, tras lo cual familiares de los detenidos comenzaron a exigir información sobre el paradero de sus allegados.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) alerta sobre traslados arbitrarios en el centro de reclusión El Rodeo I», señaló la ONG en una publicación en X, en la que no precisó cuántos privados de libertad fueron movilizados.
De acuerdo con el Clippve, familiares de los presos políticos presumen que algunos de ellos podrían haber sido trasladados al Fuerte Guaicaipuro o a la cárcel de Yare II, ambos ubicados también en el estado Miranda.
Los parientes permanecen en las inmediaciones de El Rodeo I para exigir la presencia del director del centro penitenciario y explicaciones sobre los traslados. La organización también denunció que algunos familiares habrían recibido malos tratos por parte del personal del penal.
En un video difundido por la ONG, María Soto, madre del teniente Luis Manuel Paiva Soto, aseguró que las autoridades no le notificaron el traslado de su hijo.
Paiva Soto se encuentra detenido por su presunta participación en un ataque marítimo ocurrido en 2020, hecho que el Ejecutivo venezolano vinculó con un supuesto intento de invasión militar al país.
La denuncia se produce un día después de que la organización Alianza por la Libertad de los Presos Políticos exigiera al ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, atender las presuntas irregularidades en los centros de reclusión, entre ellas deficiencias en alimentación y atención médica.
Asimismo, el Foro Penal informó que hasta el 31 de agosto había 328 presos políticos en Venezuela, de los cuales 317 eran hombres y 11 mujeres.
El Gobierno encargado de Delcy Rodríguez niega que en el país existan presos políticos y sostiene que las personas detenidas están vinculadas con la comisión de delitos. Esta posición es rechazada por organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición.
Desde la captura de Nicolás Maduro en enero, la administración de Rodríguez ha impulsado un proceso de excarcelaciones que, según declaraciones de la propia mandataria, supera los mil liberados.
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