La Corte Penal Internacional emite una orden de captura contra Vladimir Putin
La Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de captura este viernes 17 de marzo contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, acusándolo de ser responsable de crímenes de guerra cometidos en Ucrania, en concreto el traslado y la deportación de niños.
A través de un comunicado, la Sala de Cuestiones Preliminares II de la Corte Penal Internacional dictó órdenes de detención contra Putin y Maria Alekseyevna Lvova-Belova, comisionada para los derechos del niño en Rusia, en virtud de las solicitudes presentadas por la Fiscalía el pasado 22 de febrero. Los magistrados han decidido hacer públicas las órdenes para prevenir que se cometan futuros crímenes.
“Los delitos se cometieron presuntamente en el territorio ocupado de Ucrania al menos desde el 24 de febrero de 2022. Hay motivos razonables para creer que el Sr. Putin tiene responsabilidad penal individual por los delitos antes mencionados, por haber cometido los actos directamente, junto con otros y/o a través de otros y por no haber ejercido un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos, o permitieron su comisión, y que estaban bajo su control efectivo y autoridad, conforme a la responsabilidad del superior”, señaló la Corte.
El presidente de la CPI, Piotr Hofmanski, explicó a través de un video que, si bien los jueces de la CPI emiten las órdenes, depende de la comunidad internacional hacerlas cumplir. Moscú no reconoce la jurisdicción de la corte y aunque Ucrania tampoco es miembro, ha concedido al tribunal jurisdicción sobre su territorio y el fiscal Karim Khan ha visitado el país hasta en cuatro ocasiones en el marco de su investigación.
El jefe de la CPI recordó –debido a las acusaciones contra Putin– que el derecho internacional prohíbe que las potencias ocupantes trasladen a civiles del territorio en el que viven a otros territorios, y que los niños gozan de una protección especial.
La CPI consideró que Maria Alekseyevna Lvova-Belov también es responsable del mismo crimen de guerra. “Hay motivos razonables para creer que la señora Lvova-Belova tiene responsabilidad penal individual por los crímenes mencionados, por haber cometido los actos directamente, conjuntamente con otros y/o a través de otros”, señaló la Corte.
“La Sala consideró que las órdenes son secretas para proteger a víctimas y testigos y también para salvaguardar la investigación. No obstante, consciente de que la conducta abordada en la presente situación supuestamente continúa, y que el conocimiento público de las órdenes puede contribuir a la prevención de la comisión de nuevos delitos, la Sala consideró que es de interés de la justicia autorizar a la Secretaría hacer pública la existencia de las órdenes de arresto, el nombre de los sospechosos, los delitos por los cuales se emiten las órdenes de arresto y las modalidades de responsabilidad que establezca la Sala”, informó la CPI en un comunicado de prensa.
El traslado de niños ucranianos a zonas de Ucrania bajo el control de Moscú y a Rusia constituye un «crimen de guerra», afirmó este jueves un grupo de investigadores de la ONU, que también denunció posibles crímenes contra la humanidad.
A más de un año de la invasión rusa a través de un informe la Comisión de investigación de la ONU concluyó que «las situaciones que examinó respecto al traslado y la deportación de niños, dentro de Ucrania y a la Federación de Rusia respectivamente, violan el derecho internacional humanitario y constituyen un crimen de guerra».
Según Kiev, 16.221 niños fueron deportados a Rusia hasta finales de febrero de este año, pero la Comisión no pudo verificar esas cifras, reseñó RFI.
«La comisión constató que las oleadas de ataques realizados por las fuerzas armadas rusas desde el 10 de octubre de 2022 contra las infraestructuras energéticas ucranianas, y el recurso a la tortura por parte de las autoridades rusas podrían constituir crímenes contra la humanidad», apuntó dicha instancia, que también recomendó que se abran investigaciones adicionales.
El grupo descubrió «un esquema de detención ilegal generalizado» en las zonas controladas por las Fuerzas Armadas rusas contra varias personas, incluyendo mujeres y niños.
De acuerdo con el informe de los investigadores, de las personas detenidas en esas «instalaciones especializadas» situadas en Ucrania y Rusia algunas eran sistemáticamente torturadas. Un exdetenido fue golpeado a modo de «castigo por haber hablado ucraniano» y por «no haber recordado la letra del himno de la Federación de Rusia», indicó la Comisión.
La Comisión también intentó comprobar si el bombardeo y el asedio de Mariúpol, en el sureste de Ucrania, se pueden considerar como un crimen contra la humanidad.
No obstante, concluyó que faltaban elementos para llegar a esa conclusión, pues los investigadores no pudieron acceder a la región de Donetsk, donde se encuentra Mariúpol, una ciudad portuaria sitiada durante meses por el ejército ruso hasta que cayó en sus manos, en mayo de 2022.
La Comisión recomendó que el caso se siga investigando. El grupo fue creado el año pasado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, cuyos 47 Estados miembros deberán decidir en abril si prolongan su mandato o no.
Agencias
